Alarma policial por el "colapso" de Extranjería

Los sindicatos de la Policía Nacional SUP, JUPOL y CEP han advertido este martes del riesgo de colapso en las unidades de Extranjería ante la regularización "masiva" de inmigrantes en situación irregular anunciada por el Gobierno y de un efecto llamada para la entrada de extranjeros.

Para esas tres formaciones, esta medida acordada por el PSOE y Podemos, que beneficiará a más de 500.000 personas, puede traducirse en un "impacto operativo y funcional" para las unidades de Extranjería y Fronteras.

Desde JUPOL, señalan que esta decisión, "más allá del debate político", tendrá consecuencias "directas e inmediatas" sobre el trabajo de miles de agentes.

Trámites como autorizaciones de residencia, revisión de situaciones administrativas o verificación de requisitos legales recaerán en unas unidades que "ya se encuentran saturadas".

La Confederación Nacional de Policía (CEP) destaca que este acuerdo político rompe "dos décadas de consenso sobre regularización de inmigrantes" y convierte a España en "un país que va en otra dirección frente al criterio" de la Unión Europea.

Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) entiende que este anuncio del Gobierno es una "absoluta irresponsabilidad", ya que no han explicado cómo va a "garantizarse la seguridad" o con qué "medios reales" se pretende llevar a cabo esta medida.

También alerta de que "no tener antecedentes penales no significa no tener antecedentes policiales" y muchos de los extranjeros que verán su situación regularizada están vinculados a hechos delictivos: "Una temeridad para la seguridad ciudadana", desde su punto de vista.

Asimismo, estos sindicatos advierten de un "efecto llamada directo e inmediato" que manda un mensaje claro: "Entrar de manera irregular acaba teniendo premio". Además, tachan la medida de "balón de oxígeno" para las mafias dedicadas al tráfico de personas.

JUPOL coincide en que una persona que haya sido detenida recientemente por hechos graves puede no tener antecedentes "debido a los plazos judiciales" e insisten en que esto "obliga a extremar las comprobaciones".

En esta línea, advierte de que la iniciativa del Gobierno podría tener impacto en el trabajo policial y causar un aumento de las gestiones en calabozos y documentales, donde el fraude de identidad es un "fenómeno habitual" que conllevan un análisis especializado.

En su comunicado, centran la atención en las "interpretaciones jurídicas dispares" al determinar "cuáles son y cuáles no los antecedentes relevantes", algo que "complica aún más una gestión ya de por sí masiva y delicada".

Desde JUPOL, instan al Gobierno a rectificar e iniciar un diálogo con la Policía para que cualquier modificación de la política migratoria se tramite "con transparencia y seguridad jurídica y operativa".

El sindicato policial pide un "endurecimiento de la política de asilo", puesto que considera que la actual es una "regularización encubierta que permite la entrada irregular de miles de migrantes".

Y concluyen que "la solidaridad y el respeto a los derechos humanos" son compatibles con "la lucha firme contra las redes criminales que trafican con personas".