Ayuso sabía que miles de mayores podían morir de covid-19: los correos que lo revelan

Unos correos electrónicos internos a los que ha tenido acceso El País revelan que altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid sabían desde los primeros días de la crisis sanitaria de 2020 que las residencias de mayores no eran espacios adecuados para tratar a personas contagiadas de covid-19 y que el plan de “medicalización” anunciado oficialmente no estaba funcionando.

El 12 de marzo de 2020, el entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, anunció que las residencias serían “medicalizadas”, con médicos trabajando en ellas para evitar el colapso hospitalario. Sin embargo, ocho días después, el director general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, alertó por correo electrónico de que ese plan no estaba funcionando porque los centros carecían de los recursos humanos y materiales necesarios, y planteó trasladar a los residentes que aún se pudieran “salvar” a hospitales y, para los que no, “ayudarles a morir dignamente”. “No deseo que ninguna autoridad tenga en su conciencia un número importante de fallecimientos evitables”, escribió Mur el 20 de marzo de 2020.

A pesar de esta advertencia interna, las derivaciones hospitalarias desde las residencias cayeron al nivel más bajo justo en los días posteriores a ese correo —los días 20, 21 y 22 de marzo— y no recuperaron niveles habituales hasta principios de abril, según expertos consultados por comisiones ciudadanas que han analizado la gestión de aquella primera ola.

Los datos oficiales autonómicos y del Instituto Nacional de Estadística muestran que en marzo y abril de 2020 murieron más de 7.200 residentes sin haber sido trasladados a un hospital, muchos de ellos dentro de sus propios centros de mayores, sin la atención sanitaria que recibían otros pacientes con covid fuera de estos entornos.

Carlos Mur, alto cargo de Sanidad, advirtió en correos internos que el plan de “medicalización” de residencias no funcionaba por falta de personal y propuso que solo se trasladara a los hospitales a aquellas personas que no tuvieran problemas para realizar las actividades básicas de la vida diaria y que no presentaran deterioro cognitivo, dejando fuera de asistencia hospitalaria a los más vulnerables. En su mensaje, Mur señalaba que, para los que no pudieran ser salvados, se debía garantizar que recibieran cuidados paliativos dignos en las residencias, subrayando el riesgo de fallecimientos evitables bajo la responsabilidad de las autoridades.

Los correos internos también reflejan choques de gestión entre los departamentos del gobierno regional de aquel momento (entonces conformado por PP y Ciudadanos). El 20 de marzo, Mur reprochó por escrito a responsables de la Consejería de Políticas Sociales que no estaban llegando médicos a las residencias pese a que un listado de voluntarios había sido remitido por la Consejería de Sanidad días antes. La escasez de personal dejó a muchos residentes desasistidos durante semanas, hasta que finalmente sí hubo refuerzos a partir del 6 de abril, según reconoció el propio Mur en declaraciones anteriores.

Asistencia 24 horas

Además, poco antes de la crisis, el Gobierno de Ayuso rechazó un plan del asesor Antonio Burgueño que proponía asistencia médica 24 horas en las residencias de mayores durante la pandemia. Según el documento al que ha tenido acceso El País, los sanitarios destinados a reforzar la atención en los centros acabaron finalmente trabajando en el hospital de campaña de Ifema, dejando vacías las residencias en un momento crítico. Esta decisión, unida a la propuesta de Carlos Mur de trasladar solo a los mayores con movilidad y capacidad cognitiva conservadas, contribuyó a que miles de personas quedaran sin hospitalización, aumentando la mortalidad evitable en los primeros días de la pandemia.

Este cruce de correos, que desmiente públicamente la versión oficial de que las residencias estaban siendo “medicalizadas” correctamente, se conoce casi seis años después de los hechos, cuando la justicia sigue investigando los fallecimientos como un posible delito de discriminación en el acceso a un servicio público. Familias de las víctimas han logrado que se imputen ex altos cargos y consideran que tanto Escudero como la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, también deberían responder por estos hechos ante los tribunales.