Europa decidirá en julio sobre la retroactividad de las cláusulas suelo

El periplo de las cláusulas suelo ha llegado a su última estación, la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), donde se decidirá sobre la legalidad de las limitaciones en los tipos de interés de las hipotecas de la banca española. Será el día 12 de julio cuando el Abogado General de este órgano luxemburgués se pronuncie sobre el alcance de la retroactividad que supondría su anulación: mantenerse hasta el 13 de mayo de 2013 o para toda la vida del crédito.

Aunque la posición del letrado no es vinculante para el TJUE, habitualmente sí que sirve como base legal para que el tribunal adopte una postura similar en su fallo, que se conocerá después del verano. Ayer tuvo lugar el inicio del fin de este conflicto, con la apertura de la vista oral, en la que las partes -tres hipotecados afectados y otros tantos bancos, BBVA, Popular y Cajasur- expusieron sus argumentos.

Existe la posibilidad de que TJUE determine que las cantidades cobradas en exceso por la diferencia entre el interés mínimo aplicado por las entidades y el tipo real inferior que hubiera resultado desde el primer momento si se aplicaban las condiciones del préstamo sin limitaciones financieras. Si así lo determina Luxemburgo, los bancos estarían obligados a devolver a sus clientes ese dinero cobrado de más. La otra opción es que acepte que el cobro indebido se debe cuantificar, como mucho, hasta el 13 de mayo de 2013, cuando el Tribunal Supremo determinó que las cláusulas se habían comercializado de forma poco transparente.

El impacto sería relevante y en ese sentido se pronunciaron las financieras implicadas en el caso del TJUE en la defensa de su postura contraria a la retroactividad total. El abogado de BBVA así lo explicó ayer: la entidad estima que que se trataría de entre 5.000 y 7.600 millones entre todas las entidades implicadas. «Las consecuencias» de una sentencia en ese sentido «son inmensas». Para la defensa de Cajasur, si se obliga a devolver todo el dinero desde que los suelos se activaron «se tendría que renegociar» las condiciones del rescate financiero aprobado por la UE en 2012, «con el consiguiente riesgo sistémico». Aunque la Abogacía del Estado reconoció que el fallo del Supremo «eleva el nivel de protección de los consumidores» al incorporar nuevas medidas para que los contratos sean mucho más claros, se puso de parte de la banca en cuanto a rechazar la retroactividad total de los suelos.

Por su parte, los abogados de los perjudicados indicaron que la posible devolución del dinero, en caso de materializarse, «no se haría de forma inmediata», sino paulatina y durante años «conforme a las sentencias de los juzgados vayan declarando abusivas» .