La magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona Sofía Beltrán Miralles ha decidido prorrogar medio año más la investigación de la pieza del accidente de Iqoxe relativa al presunto vertido de residuos al mar. Así lo resuelve en un auto firmado el pasado lunes, que fue notificado a las partes el jueves día 27, en el que se indica que la instrucción de la causa se alargará –con el OK de la Fiscalía– durante seis meses más para estudiar con mayor profundidad «el presunto vertido de aguas residuales directamente al mar y la alteración de los resultados de las analíticas», según afirma la magistrada en la resolución de la pasada semana, a la que ha tenido acceso este periódico.
En julio de 2020, la juez que estudia los hechos determinó la necesidad de abrir una pieza separada, debido a la «complejidad de la instrucción». Así, mientras que la causa principal se centra en la «explosión del reactor U-3100», que el 14 de enero de 2020 estalló a las 18.37 horas causando el fallecimiento de dos trabajadores y de una tercera persona que se encontraba en su domicilio de Torreforta a 2,5 kilómetros de distancia –además de ocho heridos y múltiples daños materiales–, hace 18 meses la juez decidió abrir una nueva línea de investigación: la de la estación depuradora de aguas residuales y vertidos.
«En el presente caso, aunque se está en fase inicial de investigación, la causa ya ha adquirido un gran volumen, con numerosas partes, por lo que, cuando como es el caso existen hechos justiciables perfectamente diferenciados cuya ordenación separada permitiría facilitar la investigación, debe acordarse su instrucción mediante la formación de piezas», afirmó la juez en un auto del 27 de julio de 2020 al que ha podido tener conocimiento el Diari.
«De noche y con desespumante»
En la resolución de hace año y medio, Sofía Beltrán Miralles especificaba que, entre los motivos que le llevaron a crear la pieza de los vertidos, está el hecho de que, a su juicio, «el aumento de la capacidad de producción de Iqoxe por la solicitud de diversas modificaciones no sustanciales y el tipo de productos que se realizaban impedía la depuración de la totalidad de los residuos a través de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR)». Asimismo, la magistrada añadía que «de las actuaciones practicadas se desprende provisionalmente que, a fin de dar salida a los residuos que no podían ser tratados por la depuradora por la falta de capacidad de tratamiento de los mismos, se realizaban regularmente vertidos directos al mar y, a fin de no ser detectados, se concentraban por las noches o los fines de semana, y eran tratados con desespumante Aquamax para que no pudieran ser percibidos».
A ese efecto, la juez indica que «la dirección de la empresa había dado órdenes a los trabajadores de la planta de derivados para que procedieran a verter los residuos de esta forma y con este tratamiento», en unos hechos que «están siendo investigados» y que, de momento, ya han causado la imputación de once personas, además de la propia Iqoxe como persona jurídica. Hasta la fecha, varios de ellos ya han comparecido para declarar.
En el auto de la pasada semana, en la que se anuncia la prórroga de la instrucción, la magistrada indica que, hasta la fecha, «se ha desplegado una exhaustiva investigación, recabándose numerosa y compleja documentación», tanto por «la aportada por la empresa y las administraciones a requerimiento de este juzgado», como por la recogida en la entrada y registro que la Policía Judicial realizó en la sede de la empresa» y que «debido a su gran volumen, el alto carácter técnico y la complejidad de su análisis conllevan ya de por si la necesidad de prolongación de la instrucción» por un periodo de seis meses más.
Los mossos entraron hace 59 días
De hecho, el juzgado autorizó a los Mossos d’Esquadra a volver a entrar a las dependencias de la empresa hace solo 59 días –el pasado 3 de diciembre–, según resalta la magistrada en el auto del 24 de enero. Sofía Beltrán detalla que el objetivo de esta nueva visita fue «inspeccionar el sistema de gestión de la EDAR» y «acceder a las bases de datos del sistema LIMS», a fin de examinar «el registro informático de las analíticas de aguas realizadas por la empresa desde el año 2012» y de las cuales, según las juez, «los resultados pueden desprender la necesidad de practicar nuevas diligencias de instrucción». Asimismo, la magistrada indica en el texto que también «se ha acordado la elaboración de un informe por parte del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Barcelona» sobre el estudio ambiental «de los efectos de los vertidos sobre el medio receptor».
Además, la juez del caso, Sofía Beltrán, justifica la decisión de ampliar el plazo de instrucción de esta pieza en el hecho de que aún faltan por practicar diversas pruebas y comparecencias de testigos, así como de conocer el resultado de algunas de las indagaciones e informes realizados por los Mossos d’Esquadra. «Todo ello resulta necesario para la averiguación de los hechos relacionados con la mecánica de los vertidos, las alteraciones analíticas, la investigación sobre el volumen de los vertidos y los daños al medio ambiente», indica la juez en su auto, a la vez que califica como de «imprescindible» la prolongación del proceso de instrucción «para el total esclarecimiento de los hechos investigados en esta pieza», así como para poder «determinar los presuntos responsables».
