La inquiokupación es un concepto que cada vez tiene más fuerza por lo que significa. Los expertos definen explican cuando sucede este fenómeno: «Cuando una persona que tiene pensado usurpar una vivienda, firma un contrato de arrendamiento y, tras el primer o segundo mes, deja de pagar la renta, sin abandonar el inmueble en ningún momento, convirtiéndose así en okupa de la propiedad».
Cada vez hay más casos de este tipo. De hecho, según Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma Ocupados por la Ocupación (PAO), ya son 80.000 los casos denunciados a nivel nacional. «En España puede haber unas 80.000 inquiocupaciones que son impagos voluntarios porque sabe que hay una ley que les ampara. Solicitamos un estudio más exhaustivo y que se vea más lo que hay debajo de la punta del icerberg», explica el portavoz de la plataforma.
Para Bravo hay un momento clave para que este nuevo problema sume cada vez más víctimas y no es otro que el Real Decreto 11/2020 aprobado en el 2020 y que todavía sigue hoy en vigor y lo hará como mínimo hasta el 30 de diciembre de 2023: «Este decreto se hace con buena intención para ayudar a las familias vulnerables con la aparición del Covid. Estas medidas sobre todo creadas para desalojo y los desahucios se han venido extendiendo hasta junio y se han extendido hasta finales de año».
Su discurso coge temperatura cuando se acuerda de lo que está provocando esto en muchas familias: «Hay verdaderos dramas familiares de pequeñas familias trabajadores que tienen que mantener a jeta durante años solo porque el juez ha decretado esta medida sin contemplar excepciones».
En España hay cada vez más casos de este y muchos expertos inmobiliarios confirma las palabras de Bravo al considerar este tipo de inquiokupaciones como el nuevo gran peligro para los pequeños propietarios de viviendas. ¿Se frenará la sangría o irá a más?
