Viñuales: dos años de equilibrios con Tabacalera, POUM y basura como retos en Tarragona hasta 2027

Hoy se cumplen dos años de las elecciones que lo cambiaron todo. El 28 de mayo del 2023, el PSC liderado por Rubén Viñuales recuperó, solo un mandato después, la vara de mando de la Plaça de la Font, que desde 2019 había estado en posesión de Pau Ricomà (ERC). De esta forma, el Primer Edil –que entonces tenía 39 años– tomó el relevo de Josep Maria Recasens y Josep Fèlix Ballesteros, convirtiéndose en el tercer alcalde del PSC en la Plaça de la Font.

Hace 731 días, la formación socialista se impuso de forma holgada, si bien con menos contundencia de la esperada, quedándose muy lejos de las claras mayorías que Recasens obtuvo, por ejemplo, en 1983 (14 ediles) o los 13 y 12 concejales que Ballesteros sumó en los comicios de 2007 y 2011. Viñuales logró nueve concejales con 400 votos menos que un ya muy tocado Josep Fèlix Ballesteros cuatro años antes, superando claramente los seis ediles de ERC, que perdió un representante y 5.000 apoyos.

Por ello, desde junio del 2023 el PSC manda en minoría en la Plaça de la Font, esto sí, con dos socios estables: Junts per Catalunya y En Comú Podem. Los de Puigdemont y los progresistas han mantenido una entente cordial con Viñuales, quien ha tenido que aplicar una máxima convergente para mantener fieles a sus dos socios: la geometría variable, cediendo ante unos y otros para poder aprobar las ordenanzas y los presupuestos del 2024 y del 2025.

Primer año con subida fiscal

Podría decirse que el gobierno socialista superó su particular Tourmalet en los primeros meses de mandato. En otoño del 2023, recién superada la Covid, Viñuales alertó de una posible «quiebra» municipal por un agujero de 14 millones de euros. En ese momento, el PSC acordó con Junts y ECP un pacto fiscal que, entre otras medidas, comportó la subida del 33% del ICIO, el 20% de la tasa de las terrazas, el 12% de la basura y el 7,4% del IBI. Todo ello, para sumar 6,5 millones adicionales.

Viñuales ha puesto en la agenda que su gran prioridad para transformar la ciudad pasa por recuperar la Tabacalera y convertirla en un hub cultural y educativo. De momento, ya hay 21 millones para ello: 11 para el conservatorio de la Diputació, 5,3 para el ICAC de la Generalitat y 4,6 para la universidad deportiva de Euses. Esto sí, queda en el aire el gran proyecto que debe pilotar la transformación del recinto: la biblioteca provincial. Ayuntamiento y Generalitat van de la mano para construirla en la Part Baixa, pero el Ministerio de Cultura todavía no ha dado luz verde. ¿Lo hará?

El gran damnificado de la apuesta por la Tabacalera ha sido la ansiada reforma del Banco de España, que deberá seguir esperando. Asimismo, se han dado pasos hacia adelante con la Rambla peatonal y, sobretodo, con el derribo del mamotreto de la plataforma del Miracle. También hay buena sintonía con la Generalitat para el traslado del Complex Educatiu a Ponent y la puesta en marcha de la comisaría mixta con los Mossos en Battestini. ¿Y el parking Jaume I? Está judicializado, por lo que ni está ni se le espera.

¿Y el Tribunal de Contractes?

Dos son los grandes retos que tiene por delante Viñuales de cara a los próximos 24 meses: avanzar sólidamente con el nuevo POUM y desbloquear el contrato de la limpieza y la basura.

Tarragona tiene el plan urbanístico anulado desde otoño del 2020, cuando lo tumbó el Tribunal Supremo por el plan parcial de la CLH. Desde entonces, la ciudad funciona con unas normas transitorias que expiraron en 2024 y que han sido prorrogadas hasta el 2027. Acordar un POUM con la oposición es una de las grandes asignaturas pendientes de cara a la segunda parte de la legislatura.

Tras dos años de gestión, el consistorio está ahora pendiente de que el tribunal administrativo fuerce el gran punto de inflexión del mandato: ¿Deberá reiniciarse el proceso para renovar el contrato de la basura, caducado desde hace 25 meses? ¿O se avalará la actuación municipal y se adjudicará a Urbaser?

En caso de poder tirar hacia adelante, el alcalde se sacará la gran mochila pendiente, avalando el posicionamiento de los servicios jurídicos municipales. En cambio, si el tribunal tumba la adjudicación y resetea la licitación, el trayecto puede convertirse en un laberinto de difícil salida hasta las municipales del 2027. La basura dictará sentencia.