El Delta de l’Ebre no necesita discursos grandilocuentes ni trincheras ideológicas: necesita decisiones basadas en datos, compromiso institucional y visión de futuro. Frente a un ecosistema frágil pero estratégicamente clave para el desarrollo del sur de Catalunya, ha llegado el momento de establecer una hoja de ruta que combine sostenibilidad ambiental con dinamismo económico. Con más de 320 km² de superficie, el Delta constituye uno de los humedales más importantes de Europa. Su biodiversidad, su papel en la migración de aves y su valor agrícola —especialmente por el cultivo de arroz— son activos reconocidos internacionalmente. Sin embargo, el Delta sufre una regresión crónica. Según datos del Instituto Geográfico Nacional, en las últimas décadas ha perdido más de 3.000 hectáreas de terreno frente al avance del mar. A esto se suman la subsidencia natural del terreno, la reducción del aporte de sedimentos por la regulación del río, el aumento del nivel del mar y la salinización de los suelos, todo ello agravado por los efectos del cambio climático.
No hay una única causa ni una única solución, y precisamente por eso urge crear una comisión técnica interinstitucional, independiente y estable, con capacidad de decisión y de análisis multivariable. Esta comisión debería estar formada por científicos expertos en dinámica fluvial, climatología, ingeniería hidráulica, economía territorial y urbanismo, junto con representantes de las comunidades locales, agricultores, pescadores, asociaciones medioambientales y actores industriales. Su función no debe ser solo diagnosticar —ya hay múltiples estudios—, sino proyectar. ¿Qué Delta queremos tener en 2050? ¿Qué nivel de intervención se considera viable y realista? El debate sobre la restauración o adaptación del Delta no puede aislarse de los proyectos económicos que emergen en el territorio. La anunciada gigafactoría de baterías en Móra la Nova, por ejemplo, representa una oportunidad histórica para vertebrar una economía comarcal más resiliente, diversificada y preparada para la transición energética. Pero también implica un reto: garantizar que el desarrollo industrial sea compatible con la protección de un ecosistema singular y con un uso responsable de los recursos hídricos del Ebre.
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