Sin el empeño altruista de los historiadores locales de Reus Joan Olivella y Cristian Muñoz, y la intuición del arquitecto Miquel Pich-Aguilera, bisnieto del antiguo propietario de la fábrica, no habría sido posible la investigación del Arxiu Municipal sobre el pozo al que habrían sido arrojados los cadáveres de represaliados en el centro de detención que el ejército de Franco instaló en la sedería Pich-Aguilera. Tampoco la decisión de la Generalitat de investigar más. Hay que reconocer también, sin pedantería, la perseverancia del Diari en dar voz a unos y otros y seguir el asunto de cerca. Las autoridades admiten ahora que esos actores han aportado una nueva mirada. Los historiadores fueron los primeros y únicos en señalar que la zona era un espacio de represión franquista y que como tal debe reconocerse, y dignificarse. Hasta el momento se imponía la idea de que no había suficientes indicios para seguir el testimonio oral de Antoni Batlle en 1951.
La Guerra Civil y la subsiguiente represión no pueden seguir cerradas en falso, confiando en que el tiempo cure las heridas
Las autoridades son naturalmente reacias a dedicar recursos a investigar la historia si recelan que acabará en decepción y herirá sensibilidades. En este caso argumentaban que, sin una localización precisa, era inviable cualquier actuación sobre el terreno. La prospección, además, agravaba la condición del solar, una piedra en el zapato del Ajuntament de Reus desde que lo adquirió en 2006 y que este año había hallado salida: ofrecerlo a la Generalitat para construir vivienda asequible. En fin, la indicación de los historiadores locales y del bisnieto Pich-Aguilera es un win-win, pues la posible fosa cae fuera del terreno municipal. Veremos en qué acaba la prospección. Pero, sea cual sea su fin, este caso brinda una gran lección o, mejor dicho, la reitera: la Guerra Civil y la subsiguiente represión no pueden seguir cerradas en falso, confiando en que el tiempo cure las heridas. El tiempo las encona, las agrava. La única cura es la verdad. Tal vez sería prudente cambiar los cautelosos criterios actuales y adoptar la actitud de investigar cualquier mínimo indicio razonable. Peor que perder recursos en búsquedas fallidas es que los ciudadanos afectados tengan la impresión de que sus familiares y su caso no importan más que el paisaje, un plan urbanístico o el puesto de quienes preservan la memoria histórica.
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