Un informe destapa fallos graves en el asesinato de una cocinera en la cárcel de Tarragona

El asesinato de la cocinera Núria López en la prisión de Mas d’Enric, ocurrido el 13 de marzo de 2024 a manos de un interno que posteriormente se suicidó, ha revelado una cadena de fallos en materia de prevención y seguridad, lo ha avanzado El País. 

Un informe de la Inspecció de Treball concluye que el Centro de Iniciativas de Reinserción (CIRE), empresa pública encargada de su contratación, no había evaluado el riesgo de violencia en la cocina ni adoptado medidas preventivas adecuadas para protegerla.

La investigación determina que no se impartió a la trabajadora formación específica frente a agresiones, que no existía un plan para minimizar el riesgo derivado del uso de cuchillos por parte de internos y que no se implementó una coordinación efectiva con el Departamento de Justicia. 

Tampoco consta que el CIRE investigara el suceso por iniciativa propia, sino solo tras el requerimiento de la Inspección. El organismo apunta a cuatro infracciones administrativas en materia de prevención, formación y vigilancia de la salud, y exige la revisión inmediata de los protocolos.

El interno responsable, Ilulis Odriste, cumplía condena por un asesinato cometido con arma blanca en 2016. A pesar de sus antecedentes, durante ocho años de seguimiento penitenciario fue catalogado como de “riesgo bajo” para la convivencia en prisión y la relación con funcionarios. 

Este criterio le permitió acceder al puesto en la cocina, donde utilizaba herramientas potencialmente peligrosas. El crimen destapó así deficiencias en la aplicación del sistema RisCanvi de evaluación de riesgos, que se reveló incapaz de detectar amenazas reales en determinados perfiles.

El caso generó una fuerte crisis política y sindical. Los trabajadores penitenciarios denunciaron carencias estructurales en materia de seguridad y reclamaron responsabilidades en el Departament de Justícia, con peticiones de dimisión en la cúpula. Paralelamente, la Generalitat aceptó indemnizar con 40.400 euros a los familiares de la víctima, reconociendo fallos en la vigilancia, en la evaluación del interno y en la coordinación institucional.

A raíz del crimen y del informe de la Inspecció de Treball, se han introducido medidas de seguridad en los centros penitenciarios: trabajo en binomios en situaciones de riesgo, exclusión de funcionarios mayores de 55 años de tareas de seguridad más exigentes, control reforzado de herramientas cortantes, introducción de productos ya preparados para reducir el uso de cuchillos, cursos de defensa personal, sistemas de alarma mejorados y la creación de unidades de seguridad interior que analizan información y proponen acciones preventivas. 

Además, se han endurecido los requisitos para que internos condenados por delitos de sangre puedan acceder a puestos de confianza como los de cocina o talleres con utensilios peligrosos.

El asesinato de Núria López se ha convertido en un símbolo de las carencias en la gestión penitenciaria catalana y ha abierto un debate sobre cómo compatibilizar la reinserción laboral de los internos con la seguridad de los trabajadores que conviven con ellos en entornos de riesgo.