Un juzgado de Tortosa sobresee provisionalmente una causa por presunta estafa a un anciano

El Juzgado de Instrucción número 1 de Tortosa ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de las diligencias previas abiertas contra un hombre y una mujer, de 39 y 34 años, investigados por presuntos delitos de administración desleal, estafa, usurpación de estado civil y falsificación documental. 

El auto, fechado el 22 de diciembre considera que no ha quedado debidamente justificada la perpetración de ningún delito.

La causa se inició a raíz de una investigación de la Unidad de Investigación (UI) de los Mossos d’Esquadra, que culminó con la detención de la pareja el pasado mes de agosto tras detectar una situación que los agentes calificaron de vulnerabilidad extrema de un hombre de 76 años, afectado por una enfermedad neurodegenerativa y con movilidad reducida, que vivía solo.

Según el atestado policial, los hechos se remontaban aproximadamente a un año antes, cuando la víctima conoció al hombre investigado tras una reparación en su domicilio. 

Posteriormente, este habría regresado junto a su pareja para solicitarle dinero por una supuesta urgencia médica familiar, iniciándose una relación de dependencia. 

La investigación sostenía que la mujer se habría ofrecido después como cuidadora, lo que habría facilitado el acceso progresivo a la esfera personal y económica del anciano.

Los Mossos apuntaban que la pareja habría logrado que el hombre firmara diversos documentos presuntamente sin plena conciencia de su contenido, además de obtener acceso a su aplicación bancaria y al PIN de su tarjeta de crédito para realizar extracciones de efectivo. 

También se recogía un supuesto uso de sus datos personales en trámites oficiales y un progresivo aislamiento del entorno habitual, junto a un deterioro de su estado de salud.

Sin embargo, durante la instrucción judicial y tras la declaración del propio denunciante el 24 de noviembre, la versión de los hechos quedó sustancialmente matizada. 

Según recoge el auto judicial, el hombre manifestó que nunca quiso denunciar, que mantenía una relación de amistad “casi familiar” con los investigados y que no deseaba continuar con el procedimiento ni reclamar cantidad alguna.

La defensa de los acusados, ejercida por el abogado David Peña, sostuvo que entre las partes existía una relación personal prolongada que derivó en acuerdos plenamente voluntarios y formalizados con garantías jurídicas. 

Entre ellos, la adquisición por parte del denunciante de una vivienda en Amposta, su posterior reforma —debidamente documentada— y una donación notarial de la nuda propiedad a favor de la familia investigada, reservándose el usufructo vitalicio.

El juez concluye que el negocio jurídico que dio origen a la causa no puede considerarse ilícito, que el denunciante tenía plena capacidad para prestar consentimiento válido conforme a la legislación civil y que no consta perjuicio patrimonial. 

En consecuencia, acuerda el sobreseimiento provisional, dejando abierta la posibilidad de recurso.