El Govern compra 54 nuevos pisos en 17 municipios de Tarragona para destinarlos al alquiler social

Ampliar la oferta de vivienda social es uno de los grandes objetivos del Govern de la Generalitat de Catalunya. A la promesa de construir 50.000 viviendas de alquiler asequible hasta 2030 se suman otras vías para incrementar el parque público, como la adquisición de inmuebles a grandes tenedores mediante el derecho de tanteo y retracto. Entre septiembre de 2024 y julio de 2025, el Ejecutivo catalán ha incorporado ya 1.467 viviendas a través de esta fórmula, y prevé sumar otras 521 hasta el mes de septiembre, con una inversión global de 43 millones de euros.

Una parte de esa inversión procede de la compra que el Institut Català del Sòl (Incasòl) firmó el pasado miércoles: un lote de 214 viviendas, de las cuales 54 se ubican en la provincia de Tarragona, lo que representa una cuarta parte del total. Estos pisos se reparten entre 18 municipios del Camp de Tarragona y las Terres de l’Ebre, con una distribución diversa que abarca desde grandes ciudades hasta localidades medianas y pequeñas. 

Los municipios con más viviendas adquiridas en esta operación son Tarragona y Reus, con ocho pisos cada uno, seguidos de Cambrils (seis) y L’Aldea y Llorenç del Penedès (cinco cada uno). También se han comprado cuatro viviendas en Constantí y El Vendrell, dos en Vila-seca, Salou, Valls, Amposta y L’Arboç, y una en La Bisbal del Penedès, Camarles, La Canonja, Tortosa y Ulldecona.

Esta es la segunda operación que el Govern cierra con InmoCaixa en menos de un año, tras la compra de 452 pisos formalizada el pasado diciembre. De ese total, 180 se destinaron a Tarragona: 77 en Salou, 47 en El Vendrell, 39 en Reus y 17 en Vila-seca. En marzo de 2024, el Govern también compró 395 viviendas al BBVA —36 de ellas en Tarragona— y, más recientemente, en febrero, adquirió otras 743 a Divarian, de las cuales 61 están situadas en la provincia. En total, son 1.589 viviendas —277 en Tarragona— por un valor conjunto de 120 millones de euros, a un precio medio de 75.500 euros por unidad.

Los pisos se han incorporado al parque público mediante el derecho de tanteo y retracto, una estrategia que el Govern prevé mantener en los próximos años. Según el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge, aprobado en octubre del año pasado, Catalunya incorporará 40.000 viviendas procedentes de bancos y grandes tenedores hasta 2045, ya sea mediante compra o cesión. El objetivo del Ejecutivo es incrementar progresivamente estas adquisiciones a lo largo de la próxima década para responder a la demanda existente.

Más compras a la vista

Durante su comparecencia del miércoles en el Parlament, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, avanzó que se prevén nuevas operaciones: "Hemos destinado 160 millones de euros en el último año a la compra de viviendas mediante tanteo y retracto; eso supone más de 2.000 pisos que quedan protegidos de forma permanente". Y añadió: "¿Es mucho o poco? Es el triple de la media invertida en Catalunya en los últimos 15 años".

Catalunya incorporará 40.000 viviendas procedentes de bancos y grandes tenedores hasta 2045

No obstante, Paneque advirtió: "Aquí no puede ganar siempre el privado. También debe existir una corresponsabilidad por parte de los fondos que se están desprendiendo de estas viviendas".

¿Perder viviendas sociales?

Paneque respondía así a la diputada de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Mar Besses, quien pidió "detener la desprotección de las viviendas que actualmente están calificadas como protegidas". Según Besses, hasta 2030 podrían perder esta condición unos 40.000 pisos. En la demarcación de Tarragona, serían 7.610, de acuerdo con datos publicados por el Diari.

La diputada republicana valoró positivamente que esté en tramitación el decret llei 2/2025, que prorroga la protección oficial en ciertos casos: la declara indefinida para aquellas viviendas adquiridas mediante tanteo y retracto y amplía los supuestos en los que la Administración puede aplicar este mecanismo. No obstante, puntualizó que la norma no se aplica a los casos que ya están en proceso de descalificación.

Fuentes del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica confirmaron que las viviendas protegidas de titularidad pública mantendrán indefinidamente dicha protección y no caducarán.