Los interrogantes que plantea el Consorci de Gestió del Patrimoni de Tarraco

El Consorci de Gestió del Patrimoni de Tarraco empezará a caminar a partir de hoy. Y lo hará con el apoyo de dos primeras espadas como son el president de la Generalitat, Salvador Illa, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en una clara muestra de escenificar el máximo apoyo de los gobiernos de la Generalitat y del Estado a un conjunto monumental de Tarraco que durante demasiados años se han puesto de perfil delante de sus obligaciones.

Que el conjunto de las administraciones implicadas en la gestión del patrimonio se pongan a caminar a la una es la mejor forma de conmemorar los 25 años de la declaración universal como Patrimonio de la Humanidad. No obstante, este regalo podría convertirse en un caramelo envenenado si no acaban de atarse todos los cabos de un acuerdo cuya letra pequeña se dará a conocer esta tarde.

En primer lugar, falta acabar de conocer las instituciones implicadas y cuál será el nivel de participación de cada una de estas. Las riendas las han cogido el Ajuntament de Tarragona y la Generalitat, que estos últimos meses han intensificado las reuniones técnicas para buscar un encaje que no es nada fácil.

¿Y el Estado?

La participación del Estado quedará recogida en un convenio de colaboración, ya que desde las instituciones europeas se ha bloqueado la creación de nuevos organismos administrativos y, desde el Ministerio de Hacienda, no se avala esta opción. Lo mismo pasa con la Diputació de Tarragona que, al ser una administración estatal, estaría en la misma situación. De momento, lo que se sabe es que la aportación económica del Gobierno Central será de 350.000 euros anuales, después de que esta es la suma que el ministro Ernest Urtasun negoció con Junts per Catalunya el pasado lunes.

El Arquebisbat formará parte del consorcio, mientras que los ayuntamientos vecinos por ahora no

Durante todos estos últimos años el nivel de endeudamiento del Ajuntament de Tarragona fue un obstáculo para que el consorcio pudiera seguir adelante. Y no ha sido hasta que la administración local ha salido de la tutela del Estado que ha podido plantearse de nuevo esta opción. Pese a ello, el estricto control financiero al que está sometida la Generalitat hace que cualquier operación de estas características tenga que ser especialmente medida y estudiada, ya que Madrid –que es quien rinde cuentas con Bruselas– podría poner palos en las ruedas.

Peso decisivo de Salvador Illa

En cambio, quien sí estará dentro es el Arquebisbat de Tarragona que, como propietario de un tramo de la Muralla, también entrará a formar parte de este consorcio. En este caso, el debate fue largo e intenso, ya que se planteaba un organismo formado únicamente por instituciones y, por tanto, la opción era que pudiera establecerse algún tipo de colaboración. No obstante, a petición del president Illa, la Iglesia ha conseguido estar representada.

Por contra, los ayuntamientos de Constantí, Altafulla y Roda de Berà no formarían parte inicialmente de este órgano de gestión, a pesar de que también tienen restos monumentales Patrimonio de la Humanidad.

Otro elemento que se mira con recelo desde la ciudad es que la estructura que se plantea supondría que el propio president de la Generalitat ejercería el liderazgo de este organismo, con capacidad de veto sobre las decisiones. La opción es vista como una delegación de funciones del Ajuntament de Tarragona a la Generalitat y no acaba de recibirse con buenos ojos.

Independientemente del color político, tradicionalmente los Governs de la Generalitat han mostrado escaso interés por el patrimonio monumental de Tarraco, a pesar de que es el único conjunto arqueológico Patrimonio de la Humanidad de Catalunya. La aportación económica del Departament de Cultura a Tarraco Viva es cero, mientras que las obras que tienen que iniciarse próximamente en la Muralla, en el tramo de la Baixada del Roser, hace siete años que están a la espera. Asimismo, la aportación económica para la conservación y mantenimiento es de 100.000 euros anuales, igual que el Ajuntament.

Y la última cuestión que se plantea sobre este tema es si la Generalitat preside el Consorci, ¿Tarraco podrá optar a las convocatorias de ayudas autonómicas?

Más allá de si el president acaba liderando el consorcio, este tendrá a una persona en la sombra que se encargará del día a día. Uno de los nombres que suena con fuerza es el de Josep Maria Carreté. El arqueólogo y museólogo de Vila-seca ocupa actualmente la secretaria general del Departament de Cultura.

Integrar plantillas

Crear un consorcio no es tan solo hacer una hucha conjunta y a partir de ahí trazar una hoja de ruta. Fruto de las conversaciones se han redactado unos estatutos y ahora faltaría el aval jurídico y técnico para poder sentar las bases que permitan empezar a trabajar. Pese a ello, una de las cuestiones que se plantea es ¿si la plantilla de patrimonio se integra dentro de este organismo, Tarragona se quedará sin personal de patrimonio? ¿Qué pasa con los arqueólogos municipales y todo el personal técnico?

Más allá del legado romano, ¿cómo se cubrirán las necesidades del día a día que pueda tener la administración local? Son algunas de las cuestiones a las que tendrá que darse respuesta a partir de hoy. Y es que, pasar del living apart together, a una convivencia intensa, para toda la vida, no se resuelve de un día para otro.