Centenares de pisos vacíos en Tarragona tendrán una nueva vida

Más madera. La Generalitat de Catalunya da un nuevo impulso a su propósito de incorporar 50.000 viviendas al parque de protección oficial (VPO) en régimen de alquiler antes de 2030. El Govern, tal como ha anunciado este miércoles el president Salvador Illa, sumará a este programa alrededor de 13.000 pisos y 300 solares procedentes de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida por su acrónimo Sareb. De ese total, cerca de 2.000 inmuebles se ubican en la provincia de Tarragona.

¿Cómo se llevará a cabo? La Generalitat no será propietaria plena de las viviendas, sino que obtendrá el usufructo durante cuatro años prorrogables. En otras palabras, podrá utilizarlas y gestionarlas como si fueran suyas, con la finalidad de alquilarlas o rehabilitarlas –no venderlas– durante ese periodo. 

Según explicó Illa, el acuerdo con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana se cerró el martes y, próximamente, se rubricará un protocolo que concretará los detalles, como por ejemplo a cargo de quién van las reformas que puedan ser necesarias. En el caso de los terrenos, no se transferirán todos los que posee la Sareb, sino únicamente los de uso residencial, ya que la sociedad dispone también de suelos rústicos, industriales y urbanos que quedan fuera del convenio.

A través de este mecanismo, el objetivo es transformar viviendas que actualmente pertenecen al mercado libre en inmuebles de protección oficial en régimen de alquiler. En la actualidad, existen más de 100.000 inscripciones activas en el Registre de Sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial, la mayoría en la demarcación de Barcelona (93.149) y 4.858 en Tarragona, donde la cifra ha aumentado un 84,8% desde 2021.

¿En qué condiciones?

En la provincia, aproximadamente el 60% de las viviendas procedentes de la Sareb están actualmente ocupadas bajo distintas circunstancias, mientras que el 40% restante permanece vacío. Entre estos últimos casos se incluyen pisos pendientes de trámites administrativos o de pequeñas reformas, así como otros que quedaron inacabados durante el estallido de la burbuja inmobiliaria.

Una vez formalizada la cesión, la Generalitat incorporará tanto los solares y edificios en construcción como los inmuebles deshabitados a su parque público, con el propósito de destinarlos al alquiler social en cuanto se encuentren en condiciones adecuadas de habitabilidad.

No obstante, la puesta en marcha de este parque plantea varios desafíos. Parte de los pisos se encuentra en municipios con menor demanda o requiere inversiones importantes en mantenimiento y rehabilitación, lo que supondrá un esfuerzo económico considerable para la Administración.

Paralelamente, los terrenos transferidos se integrarán en la primera reserva pública de suelo de la Generalitat, concebida para promover la edificación de nuevas viviendas protegidas en régimen de alquiler. Según fuentes del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, los técnicos están evaluando todas las solicitudes de cesión de solares recibidas.

Operación de la Sareb a Sepes

Todos estos inmuebles provienen del paquete de 40.000 viviendas y 2.400 solares con potencial para 55.000 pisos que el Gobierno estatal aceptó pasar desde la Sareb a la Sepes, la entidad pública de suelo y que será la nueva empresa estatal de vivienda. El objetivo del traspaso es tener más parque de alquiler asequible.