Tarragona cobra los 5,98 millones de la Generalitat del acuerdo por la EOI

El presidente del Servei Municipal de l'Habitatge i Actuacions Urbanes (Smhausa), Nacho García, ha explicado este jueves en el consejo de administración del organismo público que la entidad dependiente del Ajuntament de Tarragona "ya ha recibido por parte de la Generalitat de Catalunya los 5,98 millones de euros del acuerdo para la cancelación de los derechos de superficie de la Escuela Oficial de Idiomas".

Con este ingreso y la próxima escritura de la cancelación, el próximo 7 de enero, se cierra así el litigio entre el ayuntamiento y la Generalitat, derivado de las diferencias en el cálculo de la cancelación, que habían derivado en querellas judiciales entre ambas instituciones. Con el acuerdo, las dos administraciones ponen fin a estos procesos judiciales y garantizan una solución estable y definitiva.

El 9 de noviembre de 2010 se formalizó el derecho de superficie sobre las fincas de la antigua Chartreuse, titularidad de la Generalitat de Catalunya, a favor del Ajuntament de Tarragona. Este acuerdo tenía una duración de 33 años, pero a partir del octavo año a contar desde la entrega del equipamiento, la Generalitat podía abonar el coste de la construcción y cancelar el derecho de superficie. El 16 de diciembre de 2013, la Generalitat de Catalunya y Smhausa SA formalizaron un contrato de arrendamiento.

En septiembre de 2021, la Generalitat comunicó a Smhausa su intención de cancelar el derecho de superficie así como el contrato de arrendamiento. Pero ambas administraciones no se pusieron de acuerdo en el importe. Ante esta situación, el 30 de mayo de 2024 el Servei Municipal de l'Habitatge interpuso una demanda contra la Generalitat de Catalunya y, por su parte, la administración catalana también interpuso otra contra el Ayuntamiento y Smhausa el día 1 de octubre de 2024.

Bases para las 92 viviendas de alquiler asequible

En el consejo de administración también se han dado a conocer las bases para la adjudicación de las 192 viviendas de alquiler asequible de Les Oliveres, en el PP10. Estas bases se remitirán a la Generalitat, que será la encargada de aprobarlas.

Las bases incluyen las reservas para contingentes especiales. De este modo, se reservan 8 viviendas para personas con movilidad reducida, 49 viviendas para jóvenes de hasta 35 años, 37 viviendas para personas mayores de 65 años y 12 viviendas para personas con discapacidad.

También se detallan los requisitos generales para poder acceder a las viviendas, como estar inscrito en el registro de solicitantes de Vivienda de Protección Oficial de Catalunya, ser mayor de edad, acreditar una residencia en Tarragona por un período mínimo de dos años de forma continuada, tener la nacionalidad española o la de algún país miembro de la Unión Europea o acreditar el permiso de residencia vigente. También es necesario acreditar que las personas solicitantes y los miembros de la unidad de convivencia no disponen de ninguna vivienda en propiedad, o estar incapacitado para obligarse contractualmente, entre otros. Las bases también incluyen la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos generales.

El documento también fija el nivel de esfuerzo económico que, como máximo, puede realizar la unidad de convivencia para hacer frente al alquiler, que no puede ser superior al 30 % de los ingresos actuales percibidos. En este sentido, los ingresos anuales de la unidad de convivencia, correspondientes al último ejercicio fiscal disponible, deben ser superiores a 1,5 veces el IRSC y no superar 4 veces el IRSC.