Tarragona, un año de cambios, pacto e Inipro

La pasada semana se cumplieron cien días desde que Josep Fèlix Ballesteros (PSC), Alejandro Fernández (PP) y Josep Maria Prats (Unió) firmaran el pacto de gobierno en Casa Canals. Asimismo, el pasado martes hizo un año de las elecciones municipales que cambiaron –por completo– la configuración del pleno municipal y este mes de junio hará 365 días desde que se inició el presente mandato municipal en la Plaça de la Font, en la que se renovaron 18 de los anteriores 27 concejales.

A lo largo de estos doce meses, el órgano de decisión municipal ha pasado de contar con cuatro partidos (PSC, CiU, PP e ICV) a tener ocho (PSC, C’s, ERC, PP, CDC, CUP, ICV y Unió), un hecho que ha derivado en el acuerdo «no ideológico» que el pasado 2 de febrero firmaron socialistas, populares y democristianos para garantizar una mayoría estable en el Saló de Plens. A raíz de este pacto de gobierno, el proyecto estrella de este mandato –los Juegos del Meidterráneo de 2017– tienen garantizado el apoyo –como mínimo– de 14 de los 27 ediles con representación municipal (9 del PSC, 4 del PP y Josep Maria Prats, de Unió). En este sentido, durante los últimos meses se han dado pasos hacia adelante, como ha sido el inicio de las obras de urbanización del anillo mediterráneo de Campclar o del nuevo Complex Sant Jordi. Pese a ello, siguen existiendo dos grandes dudas acerca del evento. La primera es si finalmente habrá un nuevo centro acuático y, la segunda, si el esperado Palau d’Esports estará listo el 30 de junio de 2017, ya que a poco más de 13 meses para la ceremonia de inauguración de los Juegos aún no se ha puesto ni la primera piedra. C’s y CDCapoyan el proyecto «por responsabilidad», ERC critica la gestión y pide una consulta y CUP e ICV están radicalmente en contra.

Micropolítica con deberes

El pacto hasta 2019 del tripartito también se plantea tirar hacia adelante proyectos históricos pendientes, especialmente los del antiguo edificio del Banco de España, la Savinosa, la Ciutat de Repòs o la Tabacalera. De momento, no se han anunciado novedades sobre ninguno de estos temas, si bien se espera que la reforma del Mercat Central pueda ser una realidad después de Santa Tecla.

Paralelamente, la llegada de Josep Maria Milà a la concejalía de Urbanisme ha supuesto un cambio de marcha en la ejecución del nuevo Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). En esta línea, se ha iniciado el derribo de la antigua comandancia de la Guardia Civil de la calle López Peláez –donde se construirá un nuevo edificio con 35 viviendas– y se ha completado la primera fase del lifting de la calle Yxart, donde en breve se instalará un parque infantil.

La cruz: las gerencias

Varios son los aspectos negativos que ha sufrido el gobierno liderado por el alcalde Josep Fèlix Ballesteros (PSC) a lo largo de los últimos meses. El primero es la compatibilidad que su jefe de gabinete ejerce con la gerencia de Tarragona Ràdio. Esta circunstancia, aprobada por el pleno, ha llevado a toda la oposición a criticar este hecho, ante lo que denuncian que «es una falta de pluralismo democrático». Asimismo, el concurso público para escoger al nuevo responsable de la EMT tampoco estuvo falto de polémica, ya que la empresa que llevó a cabo la selección de personal escogió como nuevo gerente a un militante socialista que fue concejal de Els Pallaresos y hombre de confianza del gobierno de Núria Parlon (PSC)de Santa Coloma de Gramanet.

Pese a estas dos «mini» polémicas, lo cierto es que el ejecutivo de la Plaça de la Font vive con la espada de Damocles que supone el caso Inipro, por el que el alcalde ya ha tenido que ir a declarar ante el juez en calidad de investigado y se ha detenido y dejado posteriormente en libertad con cargos a su ex principal asesor durante ocho años.

De momento, los socios de gobierno –PP y Unió– apoyan al PSC en este caso, cuya resolución será clave para decidir la continuidad en la política municipal de Josep Fèlix Ballesteros y, con ello, la suerte futura del socialismo en la ciudad.