El Ayuntamiento de Tarragona quiere que el Estado asegure por escrito su apoyo económico a los Juegos del Mediterráneo de 2017. Según ha podido saber el Diari, el alcalde Josep Fèlix Ballesteros (PSC) ha enviado una carta al Gobierno Central en la que pide al ejecutivo liderado por Mariano Rajoy (PP) «poder contar con un escrito de garantías que sirva para testimoniar los compromisos institucionales con los que el Comité Internacional de los Juegos Mediterráneos (CIJM) cuenta desde un principio para poder celebrar los Juegos».
En la misiva, el alcalde expone al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luís Ayllón, que «nuestra hoja de ruta avanza a buen ritmo siguiendo el calendario previsto». Asimismo, Ballesteros indica que «los días 26 y 27 de agosto tenemos una nueva oportunidad de demostrar este progreso ante el Comité Internacional de los Juegos Mediterráneos que tendrá lugar en la ciudad italiana de Pescara. Allí deberemos dar cuenta del estado del proyecto en sus distintas áreas: deportiva, operaciones, servicios, infraestructuras, inversiones, etc».
En esta línea, el político socialista añade que «nos consta que el capítulo de inversiones será un punto fundamental del orden del día. Nuestro Plan Director –tras el compromiso adquirido el 23 de abril del 2010 a través de un acuerdo del Consejo de Ministros– asigna una inversión por parte del Gobierno de España de unos 14,7 millones de euros, una inversión que, en su redactado actual, no contempla el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016».
Por ello, Ballesteros recuerda que «el Gobierno nos ha demostrado su apoyo en anteriores ocasiones, como al concedernos la consideración de Evento de Excepcional Interés Público o con su presencia en el Acto de Constitución del Comité de Honor de los Juegos, presidido por el Rey Felipe VI», si bien advierte de que «no obstante, nos encontramos en un momento decisivo». En esta línea, el alcalde afirma que Tarragona 2017 «acudirá a la reunión de Pescara con el objetivo de defender la solvencia y sostenibilidad de un proyecto que constituye una gran oportunidad de demostrar al mundo la capacidad organizativa de nuestro país en acontecimientos deportivos de primer nivel», por lo que pide las garantías por escrito de la administración estatal.
