El teléfono 112 recibe una media de 380 llamadas al día en la demarcación de Tarragona

Durante el primer semestre de este año el teléfono de emergencias 112 ha recibido 68.818 llamadas procedentes de la demarcación de Tarragona –lo que representa unas 380 al día–, una cifra muy similar a la registrada en el mismo periodo de 2015, que fueron 67.572 –un 1,84 por ciento menos–.

Las llamadas desde el Camp de Tarragona han aumentado un 1,84% respecto al mismo periodo del año pasado (59.097 llamadas entre enero y junio de este año y 58.028 en 2015). Un 33,2% se han hecho por motivos de seguridad (19.624 en 2016), mientras que supusieron alrededor del 34,1% de las llamadas realizadas en la demarcación de Tarragona del año pasado (19.762 en 2015 ). Un 32,3% han sido para pedir asistencia sanitaria (19.081) y fue el 31,4% del año pasado (18.197 llamadas). Un 15% han sido avisos por incidencias de tráfico (8.881 en 2016).

Desde las Terres de l’Ebre se han recibido 9.721 llamadas, un 1,8% más que durante el mismo periodo de 2015, en que se recibieron 9.544 llamadas. Por tipología de llamadas, este año, un 35,5% han sido llamadas para pedir asistencia sanitaria (3.449). Un 26,2% han sido por motivos de seguridad (2549) y un 20,1% han sido avisos de tráfico (1.950). Un 7,3% de las llamadas se han hecho para alertar de algún incendio (710).

Con creces, el municipio desde el que se han recibido más llamadas ha sido Tarragona, con 14.479, seguido por Reus con 10.571 y El Vendrell con 4.355.

En la mayoría de comarcas, los servicios más solicitados han sido los de asistencia sanitaria, excepto en Baix Camp, Baix Penedès y Tarragona que fueron llamadas relacionadas con la seguridad.

Las bromas

En los últimos cinco años se han abierto unos cincuenta expedientes sobre bromas  (no falsas alarmas) que han comportado la activación de servicios de emergencia. Por ejemplo, notificar una pelea o un incendio en un domicilio cuando el hecho no se ha producido. En estos casos se inicia un procedimiento de investigación y se puede iniciar un proceso sancionador hacia la persona responsable, que puede conllevar una sanción económica de más de 600 euros. Durante el año pasado sólo se abrieron ocho expedientes.