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La Diputació de Tarragona ha presentado un recurso de alzada (es un recurso de carácter administrativo a través del cual se busca que un órgano administrativo revise un acto dictado por otro órgano dependiente jerárquicamente de él) contra las resoluciones de la Dirección General de Política Energética y Minas y de la Dirección General de Calidad y Evaluación ambiental en relación al proyecto de construcción de la línea de muy alta tensión (MAT), que transcurre a lo largo de 180 km, entre Teruel y Begues y que afecta a 38 municipios de la demarcación de Tarragona.
En el recurso presentado, la Diputació manifiesta que la resolución del 13 de julio de 2023 emitida por la Dirección General de Política Energética y Minas de autorización administrativa previa, vulnera los artículos 4 y 34 de la Ley 24/2013, la cual determina que solo la Administración General del Estado es quien realiza la planificación eléctrica y que Red Eléctrica de España SA, como transportista único de energía, es el encargado de desarrollar la red de transporte prevista. El hecho de autorizar este transporte a la operadora privada Energías Renovables de Ormonde 36 supone dejar en manos privadas la creación y gestión de una red de transporte de energía.
En el recurso también se pone de manifiesto que no se ha dado respuesta a las alegaciones de oposición presentadas por la Diputació de Tarragona el diciembre de 2021, que recogían las aportaciones de 7 Consells Comarcals y 38 ayuntamientos de la provincia.
El recurso de alzada también pone de manifiesto que la resolución de 14 de abril de 2023, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la cual se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto, no ha tenido en cuenta la evaluación de impacto ambiental presentada por la Diputació de Tarragona que ponía manifiesto la grave afectación medioambiental, paisajística, agrícola, social, cultural y patrimonial que supondría la construcción de esta línea de muy alta tensión.
A la vez, el recurso expresa que no se han valorado alternativas propuestas, como el soterramiento de algunos tramos y tampoco se han tenido en cuenta alternativas de transporte eléctrico existentes en los 180 kilómetros por los cuales transcurriría la nueva MAT.
La presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, insiste en el rechazo a la construcción de esta MAT en defensa y apoyo al mundo local: “Defendemos que la transición energética se tiene que hacer de forma ordenada, escuchando todas las partes y teniendo muy presente las necesidad reales del mundo local, especialmente del mundo rural”.
Los municipios afectados de las comarcas de la demarcación de Tarragona son: L’Albiol, Alcover, L’Aleixar, Alforja, Almoster, l’Arboç, Ascó, Batea, La Bisbal del Penedès, Bràfim, Corbera d’Ebre, Duesaigües, Falset, La Fatarella, Gandesa, Garcia, Llorenç del Penedès, Masllorenç, El Masroig, el Milà, Montferri Nulles, Móra d’Ebre, Pradell de la Teixeta, Puigpelat, Riudecols, Rodonyà, Sant Jaume dels Domenys, La Selva del Camp, Vallmoll, Valls i Vilabella.
