Más de 1.600 personas están esperando para acceder a una plaza pública de residencia

María lleva seis meses en lista de espera para acceder a una residencia. Tiene el tercer grado de dependencia, con lo cual, no puede vivir sola en casa. Durante las horas de sol, está en un centro de día, y sus familiares se encargan de sus cuidados durante el resto de las 24 horas. Hay casi un año de espera para entrar a la residencia que seleccionó, hace seis meses, como primera opción. No obstante, desde la segunda, la han avisado de que es posible que, «próximamente», pueda acceder.

«Todo el proceso ha ido muy lento, estuvimos esperando casi un año a que vinieran a valorarla desde que hicimos la petición», comenta la familia. En agosto, una trabajadora social fue a su domicilio a valorarla. Al mes siguiente, se notificó a la familia que había recibido el grado tres de dependencia, el más grave. Hasta meses después, los familiares no pudieron acceder a una reunión presencial con la asistenta social para conocer las ayudas de las que pueden beneficiarse.

Como María, otras 912 personas mayores en la demarcación de Tarragona están en lista de espera para poder tener acceso a una plaza pública de residencia. La lista, no obstante, es más extensa si se tienen en cuenta a las 737 personas que esperan una plaza, pero que han renunciado, una vez o más, a alguna opción que se les ha propuesto desde la Administración.

Fuentes del Departament de Drets Socials exponen que «hay personas que han renunciado hasta 16 veces, puede ser que se encuentren bien como para no ingresar, pero seguramente están recibiendo otras prestaciones como un centro de día, un cuidador no profesional o una atención domiciliaria». En total, serían 1.650 personas en lista de espera: 913 que no han renunciado nunca a una plaza y 737 que sí que lo han hecho. En estos casos, se baja al último puesto de la lista de la residencia rechazada.

Por otra parte, son 697 las personas que ya están ingresadas en un centro, pero este no es su primera opción. Estos usuarios tienen solicitado un traslado a otra residencia, por eso siguen en la lista. También hay 549 personas con prestación económica vinculada al servicio de atención residencial (PEV), una ayuda para contribuir a los gastos derivados de la estancia, permanente o temporal, en una residencia privada de las personas que tienen reconocido el derecho a una plaza pública.

Desde la delegación territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya indican que «las que menos tiempo de espera tienen suelen tener plaza en tres o cuatro meses, pero hay algunas que se van al año y pico». «Cuanto más lejos de las ciudades grandes, menos espera hay», añaden.

La presidenta de la Associació Catalana de Recursos Assistencials, Cinta Pascual, expone que «para una persona con alta dependencia o dependencia moderada, las listas de espera son largas, ya que, cuando estás en una situación así, necesitas que te atiendan las 24 horas». «Sabemos que la Conselleria tiene intención de trabajar en ello», añade.

«Uno de los objetivos de la legislatura es reducir tanto la lista para acceder a servicios vinculados a la dependencia como el plazo de valoración de este proceso», indican desde el Departament. Según el último dictamen de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España (ADGSSE), el 60% de personas en lista de espera con derecho de dependencia se concentran en Catalunya –con 69.770– y en Andalucía –con 36.606–.

A estas hay que sumar las que quedan pendientes de valoración: 24.316 en Catalunya y 47.503 en Andalucía. El territorio catalán, sin embargo, ha sido uno de los que más ha aumentado las personas beneficiarias con prestación en 2022, un 12,6%. Según el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, el Departament incrementa, este 2023, su presupuesto en un 13,1%. Son 3.520 millones de euros que tienen el objetivo de reducir el tiempo de espera para tener una valoración del grado de dependencia y para conocer la resolución del Programa Individual d’Atenció (PIA), que permite acceder a una prestación o a un servicio de atención, como una residencia o un centro de día.

Básicamente, el proceso para solicitar una plaza es el siguiente: primero, la persona o la familia envía una solicitud para someterse al reconocimiento. Tras estudiar la información del caso, una persona del equipo de la Administración se pone en contacto. Después, se emite un informe con la propuesta del grado de dependencia y se emite la resolución. Por último, se inicia el proceso del PIA, un programa que tiene como objetivo determinar los servicios que más se ajustan a las necesidades de dicho usuario.

Al solicitar el acceso a una residencia, la persona selecciona tres opciones y, a partir de ahí, entra en las listas. El secretario general del sindicato USITAC, Josep Tutusaus, confirma que «desde que te hacen la valoración hasta que te dan el grado, pueden pasar de seis meses a un año».

Para Tutusaus, «las listas de espera son inciertas porque van en función de las bajas que pueda haber en las residencias». Denuncia que, en el centro Horts de Miró, de Reus, «hay una planta por abrir cuando habría posibilidad de sumar unas veinte plazas».

Josep Martínez es director del Centre Residencial Sanitas de Tarragona, una residencia concertada: «Tenemos hasta dos años de lista de espera, llevamos meses así», indica. Añade que «al final, para reducir este tiempo, es necesaria más inversión, la diferencia entre lo que cuesta una plaza y lo que aporta la Administración es cada vez más grande».

Las plazas disponibles

En total, la demarcación de Tarragona dispone de un total de 5.936 plazas. En 2018, había 6.246. La reducción se explica porque, en los datos actuales, no se incluyen las plazas de recursos sociosanitarios, que ahora dependen del Departament de Salut.

4.143 son públicas, es decir, reciben financiación de las instituciones, ya sea en centros propios, en residencias concertadas o colaboradoras. «La solución pasa sí o sí por una subida de la inversión; además, hay que reducir los trámites», opina Pascual.

Por otra parte, hay 1.707 plazas privadas, pero que están acreditadas para recibir la PEV. Son plazas en las que, pese a ser privadas, se otorga una ayuda a los usuarios para que puedan pagársela hasta que accedan a una pública.

«Conviene aclarar que estas 1.707 plazas pueden estar ocupadas por este tipo de personas, pero no implica que todas lo estén», indican desde Drets Socials. Así que, en total, son 5.850 las plazas que pueden recibir recursos del Departament. Además, hay 86 que son totalmente privadas y, por lo tanto, no acreditadas para recibir una PEV.

El sobreenvejecimiento

A uno de enero de 2022, según los datos más recientes del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), en la demarcación de Tarragona había 162.459 personas de más de 65 años. Las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) prevén que, en el 2030, haya 200.518 y, en el 2037, 238.299.

El sistema residencial deberá transformarse para absorber toda esta demanda. «Las personas mayores son un colectivo maltratado porque hay mucha gente que está sola y no debería; no se piensa que cada día hay más ancianos», cree Tutusaus.

La esperanza de vida ya se sitúa sobre los 83 años. Las previsiones del INE marcan que, en 2030, será de unos 85; en 2050, de 87 y, en 2069, de 88. Si se observa la tabla de la esperanza de vida a los 65 años, hoy es de alrededor de 21. En 2030, sería de 22; en 2050, de 24, y, en 2069, de 25.

«Posiblemente, el servicio de residencias tienda a enfocarse, en un futuro, en casos de dependencia más severos; deben potenciarse los servicios a domicilio y los centros de día», comenta Martínez.

Lo que está claro es que, de cara a los próximos años, los cambios en la forma de gestionar los centros residenciales serán obligados para afrontar así la dinámica de envejecimiento poblacional que vive la sociedad actual.