Tarragona, la única demarcación catalana sin un centro de menores

Tarragona es la única demarcación de Catalunya que no cuenta con un centro de menores, un recinto donde los jóvenes cumplan la medida que el juez les ha impuesto. De los siete centros educativos que la Generalitat tiene, cinco están en Barcelona, uno en Girona –unidad abierta– y otro en Lleida. El magistrado del Juzgado de Menores de Tarragona recuerda que «es un imperativo legal tener un centro próximo al domicilio», una circunstancia que en el caso de Tarragona no se cumpliría. El Departament de Justícia de la Generalitat asegura que las plazas actualmente existentes en toda Catalunya son suficientes para atender la demanda actual, sin la necesidad de construir un nuevo edificio.

El magistrado que está al frente del Juzgado de Menores de Tarragona –de ámbito provincial–, Jesús María del Cacho, no comparte el criterio de la Generalitat y considera que un centro de menores en la demarcación de Tarragona es necesario. «Es una asignatura pendiente. Y así se lo he dicho a los diferentes directores generales en los últimos años». También la hasta hace poco responsable de la Fiscalía de Menores de Tarragona, María Luisa Callejo, calificaba de «necesario» dicho equipamiento. Y así lo expresó durante su discurso de jubilación y en la entrevista concedida recientemente al Diari .

Repartidos por Catalunya

Actualmente, 68 jóvenes de las comarcas de Tarragona y las Terres de l’Ebre cumplen una medida de régimen cerrado o semiabierto en cuatro centros repartidos por Catalunya: 24 se encuentran en Can Llupià (Barcelona), 21 están en El Segre (Lleida), diez en Oriol Badia (una masía de Guardiola de Font-rubí, Barcelona) y tres en L’Alzina (Palau-solità i Plegamans, Barcelona). Teniendo en cuenta que el centro que se tenía que construir en Reus tenía plazas para 60 jóvenes, su construcción estaría más que justificada, recalca el magistrado.

«Las familias de los jóvenes ingresados en algún centro tienen que desplazarse para visitarlos y muchas de las familias tienen pocos recursos económicos», recalca Del Cacho. Los familiares y los propios jóvenes se han quejado muchas veces de esta situación. Por ejemplo, los que tienen que acudir al Centre el Segre pueden ir en tren hasta Lleida, «pero después tienen que coger un taxi porque el centro está a unos cinco kilómetros de la ciudad».

Pero no sólo es una cuestión de dinero. También afecta al propio proceso de reinserción y reeducación: «Esta situación dificulta o limita las salidas de los permisos legales. Si el centro estuviera en Tarragona sería más fácil realizar una salida por la tarde a casa y también facilitaría el regreso al hogar, la vida en libertad», recalca el juez.

Visita del juez

El magistrado visita una vez al año cada uno de los centros en los que están internados jóvenes de Tarragona. «Ellos me envían cartas, tienen muchas ganas de hablar con el juez, preguntan por sus familias, por su situación, etc». Por ello, considera necesario estos encuentros que, en el caso de que el centro estuviera en Tarragona, «las visitas serían más frecuentes, quizás cada dos semanas o un mes». Las visitas también las realiza la Fiscalía.

Del Cacho recuerda que en su día cerraron el centro de Els Til·lers –con capacidad para 60 plazas–. Los jóvenes fueron repartidos entre el resto de centros, «con lo que centros como Can Llupià, diseñado para 60 plazas, llegaron a aumentar hasta las 120, con el mismo espacio se duplicaba el número de jóvenes».

El juez de menores reconoce que en los últimos años ha habido una disminución de jóvenes internados: «La medida de internamiento no se pide tanto como antes por parte de los equipos técnicos de asesoramiento, que dependen orgánicamente de la Generalitat». Y ello a pesar de que los delitos «son de la misma naturaleza». Al parecer, el coste de un menor en un centro educativo ronda los 3.000 euros al mes, mientras que el de un interno de la prisión es de 2.000.

Desde el Departament

Por su parte, el Departament de Justícia apunta que en Catalunya hay una tendencia a la baja entre el 2007 y el 2015 en el número de menores atendidos por los equipos, unidades y centros de Justícia Juvenil. En concreto, el año pasado se atendieron en Catalunya un 27,3 por ciento menos de menores en justicia juvenil que en 2007 –5.564 frente a 7.654–.

De los 5.564 menores que fueron atendidos en el año 2015 en todo tipo de medidas judiciales (ya sea mediación, medidas del medio abierto como libertad vigilada o prestaciones en beneficio de la comunidad e internamiento en centros educativos), un 13,5% eran menores con residencia en Tarragona: 609 de Camp de Tarragona y 142 de Terres de l’Ebre.

Si se coge sólo a los jóvenes y menores que estuvieron en régimen de internamiento en centros educativos en el año 2015 en toda Catalunya –que fueron 518 chicos–, de estos 77 eran residentes de las comarcas de Tarragona y seis de las Terres de l’Ebre.

Los menores de Tarragona a los que el juez impone una medida de internamiento (cualquiera que sea el régimen), la llevan a cabo en otros centros de Catalunya. Principalmente son destinados a Lleida (Centro El Segre) –por la proximidad geográfica– sin perjuicio de que también puedan ser enviados a alguno de los otros centros de la demarcación de Barcelona (Centre l’Alzina, Can Llupià, Oriol Badia, Unitat Terapèutica dels Til·lers o piso de inserción de Barcelona).

La ocupación diaria media de los centros de justicia juvenil ha bajado de 305 jóvenes internados en centros en 2010 a 232 internados en 2015. El Departament de Justícia dispone actualmente de 307 plazas de internamiento, «que son suficientes para atender la demanda actual sin necesidad de ampliar o construir nuevos centros», sentencia.