El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón activó ayer lunes una bomba de efectos retardados que nadie sabe cuándo explotará y, sobre todo, hasta dónde llegará su onda expansiva en una Casa Real que vive desde meses en constante sobresalto.
El veterano magistrado ha decidido reabrir, dos años después de que fuera cerrado a toda prisa, el llamado caso Carol, la que quizás sea la más delicada pieza del extenso sumario Villarejo. Unas pesquisas judiciales en las que se investigan las grabaciones que el comisario jubilado José Manuel Villarejo hizo a la empresaria amiga del rey emérito Corinna Larsen y en las que ella habló, entre otras muchas cuestiones, de la supuesta fortuna que Juan Carlos I oculta en Suiza desde hace años.
El instructor ha decidido que la primera diligencia tras resucitar esta investigación sea la de tomar declaración como imputados a la propia Corinna Larsen y al empresario y exdirector de Telefónica Juan Villalonga el próximo 8 de septiembre en la Audiencia Nacional. Ambos están llamados a explicar el contenido de las conversaciones que mantuvieron con el excomisario en un hotel de Londres en 2015. Ese mismo día también serán interrogados el propio excomisario José Manuel Villarejo y su socio Rafael Redondo.
Aunque en esos audios, difundidos en julio de 2018 con el excomisario ya en prisión, Corinna Larsen desveló que el exjefe del Estado tenía cuentas en Suiza y que ella había sido utilizada como testaferro para ocultar su patrimonio en el extranjero, ese no es el motivo por el que la empresaria alemana deberá declarar en la Audiencia Nacional. El juez la llama para saber si, tal y como se desprende de las grabaciones, encargó a José Manuel Villarejo que, valiéndose de su puesto en el Cuerpo Nacional de Policía, investigara a una de sus asistentes personales, de nacionalidad española, de la que sospechaba que estaba filtrando datos de su vida personal.
O sea, por el momento, el magistrado limita su actuación a determinar si la amiga del rey emérito y Villarejo cometieron cohecho (activo y pasivo).
El juez argumenta en su escrito que los hechos analizados «pueden acreditar la existencia de una posible actuación concertada dirigida por un funcionario público en activo, el comisario Villarrejo, que se lucra recibiendo importantes cantidades para la ejecución de diferentes encargos, para los que se valía de su condición de policía».
«Apariencia»
El juez Manuel García Castellón, por tanto, pisa el freno, pero recuerda que esta pieza Carol arranca del hallazgo de unos archivos de los que se desprenden «diferentes y variados hechos que revisten la apariencia de infracción penal». De hecho, en esas cintas grabadas por el excomisario, Corinna contó que estaba viviendo una «pesadilla» porque Juan Carlos de Borbón había colocado diversas propiedades en Marruecos y otros lugares fuera de España a su nombre, y que se las estaba reclamando y poniéndolas posteriormente a nombre de terceros, con lo que podría incurrir en un delito de blanqueo.
En la conversación, la empresaria hablaba de las presuntas comisiones que Juan Carlos I habría cobrado por intermediar en la adjudicación del tren de alta velocidad entre La Meca y Medina en Arabia Saudí. Precisamente la Fiscalía del Tribunal Supremo mantiene a día de hoy abiertas unas diligencias sobre esas presuntas mordidas percibidas por el emérito por el contrato del AVE en Arabia Saudí otorgado gracias a su mediación a un consorcio de empresas españolas.
A pesar de estos audios, el anterior instructor, Diego de Egea, archivó esta pieza el 7 de septiembre de 2018 sin practicar diligencias y con el informe favorable de la Fiscalía Anticorrupción.
Resucitado ahora este caso, será el juez García Castellón quien decida si va más allá de investigar la contratación de Villarejo como detective y si se sumerge en las procelosas aguas de las cuentas del exjefe del Estado, a sabiendas de que si elige esta segunda vía antes o después deberá entregar la investigación al Supremo, por el aforamiento de Juan Carlos de Borbón.