Vivienda
El precio del alquiler asequible de Calafell genera quejas. ¿Cómo lo explica el gobierno local?
El más pequeño parte de 545 euros y el más caro 778 euros al mes
Las viviendas cuentan con aparcamiento
El precio de alquiler asequible para las 110 viviendas a punto de acabarse en Calafell causa chasco en muchos de los que pretendían optar a un piso, pero consideran que el alquiler es elevado. Un coste que también critican partidos en la oposición como ERC, UAM y Vox. El PP da apoyo.
Son 545,18 euros para los más pequeños (2 habitaciones y 54,65 metros) incluyendo vivienda (434,476 euros), aparcamiento (59,55) y comunidad (51,16).
Las de 56,38 m2 son 560 euros (448+59,55+52,49). Las de 57,97 m2, 615 euros (460+59,55+53,71). Las de 57,97m2, 615 euros (460,86+59,55+53,71).
Los pisos de tres habitaciones de 75,09 m2 son 723,39 euros (596,97+59,55+66,87). El de 79,54 m2, 765,51 euros (632,34+59,55+70,29) y el de 81,37 m2 cuesta 778 euros (646,89+ 59,55+ 75,02).
No es alquiler social
Muchos consideran precios elevados. El alcalde Ramon Ferré señala que no es alquiler social y el precio lo marca la Generalitat. El alquiler social está en función de la renta de cada persona. Pero ERC señala que esos precios impiden el acceso a las personas de rentas más bajas.
Son 110 viviendas que ya podrían entregarse a mediados de año.
Calafell es zona tensionada por lo que el alquiler en el mercado libre está regulado. Zona tensionada se decreta por que el coste (alquiler o hipoteca y gastos básicos como agua, luz, gas y teléfono) no supere el 30% de los ingresos medios de la zona.
También puede declararse si en los cinco años previos a zona tensionada, el precio de compra o alquiler ha aumentado, al menos, tres puntos por encima del IPC.
Las condiciones
Para optar a una de las viviendas debe haberse apuntado a la bolsa de solicitud, estar empadronado hace dos años y que el alquiler suponga un máximo del 30% de los ingresos de la unidad familiar. Así esos ingresos deben estar entre los 21.000 euros brutos anuales y los 31.125.
ERC señala que en las bases deberían constar otras condiciones como tener una discapacidad o ser persona de edad avanzada. También considera que el epígrafe de unidad familiar debería cambiar por el de unidad de convinecia ya que dos personas podrían acordar vivir juntas sin parentesco familiar.
Las viviendas de alquiler social han generado una gran expectación.
Los grupos de la oposición señalan que son precios cercanos al mercado libre, pero el alcalde lo rechaza. No hay en Calafell pisos nuevos, con la máxima eficiencia energética y con aparcamiento por ese alquiler.
Añade que el aparcamiento es por normativa y que la comunidad debe aplicarse al inquilino ya que debe costearse el mantenimiento de placas solares, la luz de la escalera, limpieza y jardinería. Según el gobierno, además de las tres exigencias, un 30% de la promoción (32 pisos) son para jóvenes) y otro 30% para personas con movilidad reducida.
Un millar
Ya hay un millar de personas interesadas en optar a algunas de las viviendas y todavía se hace difusión ya que el objetivo es que se cubra toda la promoción ya que el coste de las que quedasen vacías lo asumiría el consistorio.
El Ayuntamiento puso el suelo a disposición para levantar la vivienda de alquiler asequible con una cesión es por 75 años tras los que la promoción pasará a ser municipal.
Una empresa gestionará las viviendas.
La gestión irá a cargo de Llogueralia por un convenio con el Ayuntamiento. Una vez finalizada la obra puede rebajarse hasta un 90% el IBI.
El gobierno argumenta que era un solar municipal que no generaba ingresos. La deducción del IBI pudo facilitar que una empresa se animase a hacer la obra y que en todo caso ahora tendrá una aportación de parte de ese impuesto para las arcas municipales. El IBI puede bonificarse argumentando un interés social.
La gestión
La inversión es de 14 millones y tuvo subvención de fondos Next Generation de 3,5 millones. La diferencia fue a cargo de préstamos de la empresa y el Ayuntamiento puso el aval.
Ferré explica que otros municipios pidieron esos fondos, «pero no encontraron empresas para ejecutar la obra». La gestión a una empresa es por las condiciones de los Next Generation, además de que el municipio carece de oficina de vivienda y la Generalitat opta porque sean comarcales. Quien vela los requisitos para optar a una de las viviendas es la Generalitat y lo pasa a Llogueralia que revisará los candidatos.
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