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La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Cunit ha entregado en la Oficina Antifraude de Catalunya documentación que consideran que demostraría irregularidades en la gestión de la concesión del servicio de recogida de basuras.
La concesión se entregó con un gobierno del PSC a la empresa Cespa en 2002 y posteriormente hubieron modificaciones del contrato que lo han alargado 20 años. La CUP considera que esas prórrogas, también con el PSC y CiU en el gobierno, podrían ser irregulares y que generarían un incremento de 20 millones de euros.
La documentación presentada contiene un informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya de 2010 que alertaba de que «el contrato del servicio de recogida y eliminación de residuos sólidos urbanos y limpieza de playas presenta significativas irregularidades en los procedimientos de contratación empleados para su adjudicación y modificación».
El actual gobierno de Cunit (Impulsem, PSC y en Comú Podem con dos comisiones) dice estar «a disposición de cualquier organismo auditor y atenderá los requerimientos que sean necesarios».
Una de las situaciones detectadas es que la ampliación de contratos superaría el porcentaje que obliga a realizar una nueva licitación. Una situación de la que advirtió la Comissió Assessora Jurídica de la Generalitat. La CUP pide que se investigue el contrato que tiene más de 20 años. La CUP ha presentado también dictámenes en los que señala que la Comissió Jurídica de la Generalitat en 2012 y 2018 cuestiona el procedimiento de las modificaciones para alargar la concesión.
Incremento de precio
Según explica, las modificaciones no respetarían «el procedimiento establecido y sin el preceptivo dictamen de la Comissió Jurídica Assessora». Unas modificaciones que según la CUP «han generado un incremento del precio final de más del 300% en relación al precio inicial».
El Ayuntamiento señala que trabaja para un nuevo contrato del servicio de recogida de la basura, limpieza viaria y de parques, jardines y playa.
Este verano Cunit ha estado desbordado por las basuras, una situación motivada por una deficiencia del contrato que data de 2002. Ya entonces era insuficiente pero además en 2012 el entonces equipo de gobierno lo revisó a la baja y lo recortó un 30%, lo que supone reducir el servicio.
La reducción se hizo ante la necesidad de recortes por la deuda que acumulaba el Ayuntamiento. Sin embargo, el actual Ayuntamiento también subió un 20% la tasa de basuras. El actual contrato acaba a finales de 2022 y uno nuevo no será efectivo hasta 2023 como pronto.
