Joan Laporta niega una estafa vinculada a una inversión para impulsar el Reus Deportiu

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha negado este viernes haber estafado a una inversora que le denunció por una presunta estafa de 91.500 euros, aunque ha admitido que se produjo un incumplimiento contractual derivado de un negocio fallido. Laporta ha declarado como investigado ante el Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona.

A la salida de la Ciutat de la Justícia, su abogado, Jordi Pujante, ha asegurado que “es un caso de incumplimiento contractual, no hay ni estafa ni engaño”, y ha mostrado su confianza en que la investigación se cierre al considerar que “no es una causa penal en ningún caso”.

En la querella figuran también el vicepresidente del FC Barcelona, Rafael Yuste, y los exdirectivos del club Xavier Sala i Martín y Joan Oliver, todos ellos vinculados en el momento de los hechos a las sociedades Core Store, con sede en España, y CSSB Limited, radicada en Hong Kong. Yuste ha aplazado su comparecencia al haber sido notificado tarde, mientras que Sala i Martín y Oliver, inicialmente ilocalizables, serán citados próximamente.

Los hechos se remontan a mediados de 2016, cuando la denunciante invirtió 50.000 euros en forma de préstamo, con un interés del 6 %, en Core Store, una empresa que impulsaba un plan estratégico para promover el ascenso del Reus Deportiu de Segunda División B a Segunda División. Según la querella, la inversora confió en la reputación y credibilidad de los implicados.

Además, desembolsó otros 54.000 euros en acciones de CSSB Limited, cuyo objetivo era crear en China una academia de formación inspirada en La Masia del FC Barcelona. En ese momento, Laporta figuraba como administrador solidario de Core Store junto a Joan Oliver, exdirector general del club durante su primer mandato y consejero delegado del Reus Deportiu hasta su desaparición.

De los 104.000 euros invertidos, la denunciante solo recuperó 12.500 euros en agosto de 2024, tras reiteradas reclamaciones por incumplimientos contractuales. Pujante ha explicado que el proyecto “funcionó de forma satisfactoria durante varios años”, pero que a partir de 2019 y 2020 dejó de hacerlo “por causas ajenas a la voluntad del señor Laporta”.

La defensa considera que la querella está “plagada de medias verdades y ciertas falsedades” y basada en informaciones periodísticas “tendenciosas”, y desvincula a Laporta de la gestión directa del proyecto. Una estrategia que el abogado de la querellante, Pepe Oriola, ha calificado de “repetitiva”, al sostener que la documentación y los movimientos económicos demostrarían la implicación del presidente del Barça.

Oriola ha anunciado que el próximo lunes presentará un contrato firmado, según él, por Laporta como receptor del dinero, algo que la defensa ha negado de forma tajante. Laporta tiene abiertos otros dos procedimientos por inversiones fallidas relacionadas con el mismo proyecto, en los que la acusación particular solicitará seis años de prisión por un delito de estafa agravada en cada caso si se llega a juicio.