El secuestro de dos hombres en Reus y su tortura en una masía: 22 años de cárcel y expulsados de España

El Tribunal Supremo ha dicho la última palabra sobre unas abultadas condenas de prisión de 22 años y medio (cuando hayan cumplido dos terceras partes serán expulsados de España) a dos miembros de una banda que, en enero de 2018, orquestó un secuestro de dos personas en Reus. 

La Sala de lo Penal ha desestimado los últimos intentos de los condenados por revertir el veredicto y, con esta sentencia firme, se cierra un capítulo que arrancó en las calles de Reus y se desarrolló entre los muros de una aislada masía de Maspujols, donde dos jóvenes vivieron un infierno durante más de 24 horas. 

Todo comenzó la madrugada del 28 de enero de 2018. Una discusión de tráfico, aparentemente fortuita, en una calle de Reus fue en realidad la primera pieza. Uno de los futuros cautivos fue abordado y, bajo la amenaza inmediata de un arma, obligado a subir a un coche. El objetivo real de sus captores, sin embargo, era su amigo. Para atraerlo, le hicieron realizar una llamada telefónica bajo coacción, con una falsa excusa de una avería. 

En primera instancia, el secuestrado se negó, pero uno de los miembros de la banda hizo un disparo al aire y le puso un revólver en la boca. Al final, cedió. 

Cuando la segunda víctima llegó al lugar citado –un solitario campo de fútbol en las afueras de Maspujols–, se encontró con una escena dantesca: su amigo, tumbado en el suelo (le dijeron que si intentaba escapar lo dispararían), y varios hombres embozados que salieron de entre los matorrales. Uno empuñaba una pistola; otro, un machete.

La resistencia fue inútil y, de hecho, le costó una herida grave en la mano de un machetazo. Ambos jóvenes fueron introducidos a la fuerza en el maletero de un coche y trasladados a su destino final: una masía alquilada expresamente para cometer el delito. Allí, la pesadilla se materializó.

El calvario en la masía

Separados en habitaciones distintas, con las manos atadas y los rostros cubiertos, las víctimas perdieron toda noción de tiempo y esperanza. Sus captores llevaban pasamontañas y el secuestro se convirtió en una tortura constante diseñada para quebrar a los prisioneros y, sobre todo, a sus familias al otro lado del teléfono.

Les propinaban palizas sistemáticas con herramientas como una pata de cabra y la culata de la pistola. Los sometían a vejaciones inhumanas, con amenazas explícitas de violación contra ellos y sus parejas.

Incluso utilizaron perros de raza potencialmente peligrosa, azuzándolos para aumentar el terror. Todo este sufrimiento tenía un propósito calculado: los agresores sincronizaban los golpes y los gritos de dolor con las llamadas telefónicas a un hermano de una de las víctimas, al que exigían un rescate de 30.000 euros (más tarde rebajado a 25.000). Tras unas horas, la banda decidió soltar a la otra víctima.

Mientras, el supuesto cerebro de la operación, un hombre conocido en ciertos ambientes por un apodo característico, mantenía el control desde la distancia, dando instrucciones y tomando las decisiones clave.

El golpe policial

La familia, aterrada, contactó con los Mossos d'Esquadra desde el primer momento. Bajo la dirección de la Unitat Central de Segrestos i Extorsions (UCSE), se inició una peligrosa negociación controlada. 

En un giro revelador, el cabecilla, en un exceso de confianza, llegó a presentarse en persona en el domicilio de los afectados para "interesarse" por el caso, un movimiento que la policía y la justicia interpretaron después como un intento de dirigir las tratativas sin levantar sospechas.

Finalmente, se pactó un lugar para la entrega del dinero y la supuesta liberación: los alrededores del campo del Reus Deportiu. Pero los secuestradores nunca tuvieron la intención de cumplir limpiamente. Para el traslado final, utilizaron un vehículo de alquiler cuya matrícula habían alterado manualmente, un detalle que delataba su plan de huida.

Lo que ellos no sabían es que la policía los esperaba. Al detectar el dispositivo de los Mossos, el conductor del coche intentó una huida desesperada que terminó en una colisión. Cuando los agentes abrieron el maletero, encontraron a la víctima amordazada, con las manos atadas a la espalda y mostrando signos evidentes de una brutal paliza. En el interior del vehículo, los arrestados tenían aún en su poder el teléfono utilizado para las llamadas de extorsión y los pasamontañas.

Un camino judicial de siete años

En julio de 2025, la Audiencia Provincial de Tarragona dictó su veredicto, encontrándolos culpables de un catálogo completo de delitos: no sólo el secuestro y la detención ilegal, sino también trato degradante, amenazas, tenencia ilícita de armas y falsedad en documento oficial. La sentencia fue de 22 años y medio de prisión.

La justicia no solo castigó el encierro, sino la forma  en que se ejecutó. Además, teniendo en cuenta que los condenados no tenían arraigo legal en España, el tribunal decretó que, tras cumplir dos tercios de su condena en una cárcel española, serían expulsados del territorio nacional con la prohibición de regresar durante periodos de entre 5 y 8 años. También se les impuso el pago de una indemnización de decenas de miles de euros a la víctima que sufrió las peores secuelas físicas y psicológicas.

Los condenados apelaron al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que en junio de 2025 respaldó por completo a la Audiencia. Su último salto fue al Tribunal Supremo, que ahora, con su fallo definitivo, ha puesto el sello final al caso.