Caso Montoro en Tarragona: pagar para que se cumpla la ley

En 2013, la industria electrointensiva española estaba contra las cuerdas, con costes energéticos entre un 20% y un 30% más altos que en Alemania o Francia. Una directiva europea permitía amortiguar el impacto de esos costes energéticos, pero el gobierno español se negaba a transponerla por completo.

Mientras, las industrias electrointensivas alemanas o francesas hacía casi una década que gozaban de importantes reducciones y exenciones fiscales sobre la electricidad, además de compensaciones de costes indirectos del CO2, gracias a la transposición de los artículos facultativos (a criterio de cada Estado miembro) de la Directiva 2003/96/CE de 27 de octubre de 2003 por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad.

Una década reclamando a los sucesivos gobiernos españoles que hiciesen algo tan simple como cuidar a su industria, facilitándoles las mismas reglas de juego que tenían sus competidores en la Unión Europea. Nada distinto, nada fuera de la ley. Solo poder competir en igualdad de condiciones.

Cuestión de supervivencia

Les iba su supervivencia en ello. En 2013, con el sistema financiero español rescatado por la Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional) y el Reino de España estigmatizado internacionalmente como miembro de los PIGS (Portugal, Italia, Grecia, España), era heroico defender la viabilidad económica y la competitividad de complejos industriales electrointensivos emplazados en España, frente a centros de decisión de multinacionales que a menudo se encontraban en Alemania o los Estados Unidos.

Mención aparte era intentar atraer inversiones industriales hacia un sur de Europa con la marca de la culpa por una fiesta irresponsable sostenida, incapaz de ser competitiva. Con una mano atada a la espalda (o incluso dos), se argumentaba desde círculos industriales, era difícil revertir la situación.

Transponer en su totalidad esa directiva europea podía aflojar algo de presión, pero aún así no resolvía el diferencial. Alemania acababa de poner en servicio las dos líneas del gasoducto Nord Stream 1 para alimentar con gas ruso abundante y barato su industria, mientras los Estados Unidos vivían un auge del shale gas (gas de esquisto, obtenido mediante técnicas de fracking o fracturación hidráulica), con diferenciales en los costes energéticos para industrias europeas electrointensivas (como la química, la metalurgia o la papelera) entre un 10% y un 30% menores.

Se producían relocalizaciones de complejos industriales en Europa hacia los EEUU, para aprovechar los reducidos costes energéticos del shale gas, mientras la amenaza de cierres y relocalizaciones desde el sur hacia el centro de Europa era creciente.

Una larga travesía

Algo más de una década después, tras el suicidio energético alemán (con sus centrales nucleares cerradas por decisión propia y los gasoductos Nord Stream 1 y 2 dinamitados), las tornas han cambiado. El sur de Europa, con el polo petroquímico de Tarragona en un lugar destacado, lidera la descarbonización y la circularidad industrial, es cada vez más competitivo e innovador, y es visto con envidia y admiración por los mismos que no hace tanto solo veían PIGS que costaban dinero al contribuyente medio alemán.

Para llegar hasta aquí, sin embargo, antes se tiene que haber sobrevivido. Y uno de los momentos decisivos se dio en el año 2013. En ese contexto, en ese escenario de instinto de supervivencia extrema, es en el que se produjo la cadena de correos intervenidos el 9 de noviembre de 2017, durante el registro de la sede de Messer Ibérica de Gases en El Morell. Unos correos fechados entre septiembre y diciembre de 2013. Contexto. Hechos.

El ya más que famoso correo en el que un directivo de Messer le indicaba a su superior que «la vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro» (y que inició el caso Montoro), tiene esa parte subrayada en la causa que ha liderado el Juzgado de Instrucción nº 2 de Tarragona. Pero el correo dice algo más.

Un fragmento es clave: «Esto viene de una Directiva Europea que se ha adaptado a nuestra legislación en la cual hay tres sectores identificados como electrointensivos, pero las ASU [Unidades de Separación de Aire, por sus siglas en inglés] no han sido incluidas. Utilizando mi cargo de presidente de la comisión de energía de AEQT [Associació d’Empreses Químiques de Tarragona] he contactado con parlamentarios catalanes para que defiendan en Madrid esta discriminación contra nuestro sector pero esto llevará tiempo».

Un tiempo que no tenían, con unas perspectivas más que inciertas. El Gobierno empezaba a transponer, una década después, algunos de los artículos olvidados de la Directiva 2003/96/CE. Se debatía la inclusión del artículo 2.4, con reducciones fiscales en «los supuestos en los que la electricidad represente más del 50% del coste de un producto».

El correo entre directivos señalado por el juez instructor de Tarragona hacía referencia a la modificación de la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales, vía enmienda firmada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que contemplaba una bonificación del 85% del impuesto especial sobre la electricidad a determinadas industrias electrointensivas, pero dejaba fuera, sin explicación, al sector de los gases industriales, pese a cumplir con todos los requisitos.

Que cumplían los requisitos no lo decían ellos, lo decía la Comisión Europea en su Directiva. Ni Alemania, ni Francia, ni otros estados miembros de la Unión Europea habían tenido ninguna duda en reconocer a sus industrias del sector de gases industriales y medicinales como claramente electrointensivas.

En esos años, los costes energéticos en los centros de producción de Messer en el polo petroquímico de Tarragona superaban el 60% del total. La situación se replicaba en todo el sector, representado por la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales (AFGIM). La frustración era máxima.

Previamente, habían recorrido todas las vías transitables. Solicitudes formales de esta patronal al Secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre Navarrete, para que se incluyese en la enmienda del Partido Popular la literalidad del artículo 2.4 de la Directiva.

Intentos, tanto de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique) como de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), para incorporar el sector de gases industriales y medicinales a ese grupo de industrias con reducciones fiscales. Nadie al otro lado.

Pasar por caja

El correo en el que ese directivo de Messer habla de que «la vía más directa, como siempre, es pagar» está fechado el 5 de diciembre de 2013. Ya sabían que estaban fuera. En noviembre, los intentos de que su sector fuese incluido en las enmiendas a la modificación de la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales fueron desatendidos, y la modificación siguió adelante, dejándoles atrás.

Alguien sugirió otro camino. Había que pasar por caja, «como siempre». Decidieron ir a escote. A tanto por empresa, en función de su capacidad económica. Equipo Económico les facturó 90.000 euros como fijo de entrada, más 180.000 euros en concepto de success fee, a éxito. En menos de un mes, los fabricantes de gases industriales estaban en el grupo de elegidos que se beneficiarían de la reducción fiscal inspirada por esa directiva europea. Equipo Económico se cobró su comisión.