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El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones plantea reformar la normativa de extranjería y flexibilizar los requisitos que se exigen actualmente para conseguir papeles de residencia y trabajo, con el fin de cubrir las crecientes vacantes en el mercado laboral español.
El borrador del real decreto que ha diseñado, colgado en su página web para someterlo a audiencia y consulta pública, propone mejorar la contratación en origen, facilitar la regularización por arraigo a quienes ya están en el país, permitir trabajar a los estudiantes extranjeros y simplificar las exigencias para trabajar por cuenta ajena.
Entre las propuestas más novedosas está la creación del «arraigo por formación», siguiendo el modelo alemán, según explica en su borrador.
Se abriría así la vía a que las personas que se encuentren en España en situación irregular y asuman un compromiso efectivo de formación puedan obtener una autorización de residencia una vez acreditada la formación.
La argumentación para plantear esta reforma es eminentemente económica, ya que la legislación de extranjería española se caracteriza por procedi- mientos lentos y grandes cuellos de botella que no permiten cubrir las necesidades de los empresarios y que acaban generando grandes bolsas de economía sumergida.
Para el Ministerio, además del envejecimiento de la población, la transición ecológica y la digitalización hacen augurar una auténtica competición global por el talento y el capital humano y numerosos estudios alertan también de la dificultad de atraer personal a ocupaciones menos atractivas y con cualificaciones bajas.
La normativa que se pretende reformar exige, en el caso del arraigo laboral, que el extranjero haya permanecido en España durante dos años y haya trabajado de manera regular o irregular durante un período acreditado de seis meses. En el caso del arraigo social, se exige acreditar un período de permanencia en España de tres años y tener vínculos familiares o aportar un informe que acredite su inserción en la sociedad, pero también un contrato con una duración mínima de un año.
El año pasado se concedieron por razones de arraigo laboral 5.902 autorizaciones y por arraigo social 47.877, a las que se suman 19.051 por arraigo familiar.
Deduce Migraciones que muchos de ellos han trabajado de forma irregular para subsistir mientras no tenían papeles y plantea aminorar algunos requisitos. Se propone también conceder autorizaciones de trabajo a personas reagrupadas y se abre la vía a conseguir papeles a quienes acrediten ante los servicios de inspección que han trabajado de forma irregular al menos seis meses en el último año.
