Economía

Semana de 37,5 horas: «Las empresas van a ir cayendo como chinches», alertan los economistas

El Gobierno sigue adelante con la tramitación de la ley para reducir la jornada laboral sin el acuerdo empresarial, mientras las pymes denuncian que no se las escucha

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Rafael Servent
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A principios de febrero, el Consejo de Ministros del Gobierno de España presentó el anteproyecto de ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, el registro de jornada y el derecho a la desconexión. La norma permitirá disminuir la duración máxima de la jornada, desde las actuales 40 horas semanales de promedio en cómputo anual, hasta las 37,5 horas semanales, sin reducción salarial.

La medida, acordada entre el ministerio de Trabajo y Economía Social, por un lado, y los sindicatos CCOO y UGT, por el otro, no cuenta con el apoyo de las organizaciones empresariales. Tras esta aprobación inicial, el texto legislativo impulsado por Sumar, en el gobierno de coalición PSOE-Sumar, encara ahora un proceso legislativo que incluye su revisión por parte del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social, antes de su retorno al Consejo de Ministros, que lo remitirá al Congreso de los Diputados como proyecto de ley para su aprobación definitiva y puesta en marcha antes de terminar el presente 2025.

En este impasse, las organizaciones empresariales esperan convencer a algunos grupos parlamentarios para negociar un texto que tenga el consenso de todos los agentes sociales o, en caso de no conseguirlo, que impidan que prospere con su votación. Las voces más críticas con esta medida, que consideran unilateral, proceden del ámbito de las micro, pequeñas y medianas empresas, que ven una amenaza para su competitividad, al acusar al actual anteproyecto de ley de «indiscriminado».

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