La UE sella este sábado el acuerdo con Mercosur pese a las protestas del sector agrícola

La Unión Europea firma este sábado el acuerdo de libre comercio con Mercosur tras un cuarto de siglo de negociaciones y pese a las protestas del sector agrícola. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sellará el pacto a las 16:00 horas (hora catalana) en Paraguay.

El acuerdo establece la eliminación gradual de los aranceles sobre el 91% de las exportaciones de la UE a los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y sobre el 92% de las exportaciones del Mercosur a la UE. El Parlamento Europeo puede obstaculizar la entrada en vigor del pacto si el miércoles decide llevarlo al TJUE. El ejecutivo comunitario busca el aval de los eurodiputados para aplicarlo provisionalmente, aunque no ha descartado seguir adelante sin la cámara.

La ceremonia de firma del acuerdo de libre comercio se celebrará en Asunción, capital de Paraguay, y contará también con la presencia de los presidentes de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi, así como del presidente del Consejo Europeo, António Costa. También se espera la participación del presidente de Argentina, Javier Milei.

Antes de aterrizar en la capital paraguaya, Von der Leyen y Costa viajaron el viernes a Brasil para reunirse con su presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Desde allí, la líder comunitaria defendió el acuerdo como un “éxito” y subrayó que establece “normas claras y previsibles, y estándares comunes”. “Todos salen ganando”, afirmó.

¿Qué es el acuerdo del Mercosur?

La entrada en vigor del acuerdo supondrá la eliminación gradual de los aranceles sobre el 91% de las exportaciones de la UE al Mercosur y del 92% de las exportaciones del Mercosur a la UE. Bruselas defiende que beneficiará a sectores europeos como la automoción, la maquinaria, la industria farmacéutica, el textil o el vino, algunos de los cuales exportan a Sudamérica con aranceles de hasta el 35%. Para el Mercosur, facilitará la entrada de productos como carne, azúcar, arroz o soja al bloque europeo.

Además, el acuerdo también busca “facilitar” el comercio en el sector servicios, abrir la contratación pública y “mejorar el acceso” a materias primas esenciales para la economía de la UE, reduciendo o eliminando tasas y restricciones a la exportación.

El ejecutivo de Ursula von der Leyen afirma que más de 60.000 empresas de la UE se ahorrarán aranceles por un total de 4.000 millones de euros anuales. Ante el malestar del sector agroalimentario, insiste en que todos los productos importados deben cumplir con los estándares europeos de seguridad alimentaria.

El pacto establece que los requisitos sanitarios y fitosanitarios de importación de la UE deben ser certificados por las autoridades extranjeras al exportar a la UE y verificados a su entrada por funcionarios de los estados miembros. El texto incluye también algunas condiciones sobre bienestar animal.

No obstante, la regulación europea permite importar productos que contengan “residuos de pesticidas” prohibidos en la UE si no suponen un riesgo para los consumidores. Ante la preocupación del sector y de la sociedad civil, el ejecutivo comunitario ha prometido cambios legislativos para impedir que “los pesticidas más peligrosos prohibidos en la UE por motivos sanitarios o ambientales” entren en productos importados. Además, se creará un equipo especial para aumentar los controles sobre las importaciones.

Rechazo del sector agrícola

El sector agrario europeo teme la entrada de productos sudamericanos más baratos que compitan con los locales. En un contexto de dificultades, los agricultores catalanes advierten que el acuerdo UE-Mercosur puede tener un efecto “devastador” en el sector y reclaman cláusulas espejo, es decir, que los bienes importados se produzcan bajo los mismos estándares que los aplicados a los productos de la UE.

Organizaciones ecologistas critican el impacto medioambiental del nuevo pacto, advirtiendo que puede afectar a la selva amazónica, facilitar la importación de productos contaminantes y poner en riesgo los esfuerzos globales contra el cambio climático. La Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha alertado de la “competencia desleal” con “consecuencias negativas” para la subsistencia, los salarios, las condiciones laborales y el empleo de trabajadores en sectores clave de la economía europea.

Concesiones

Para calmar el malestar de agricultores y ganaderos, Bruselas ha introducido cambios en el acuerdo hasta el último momento, incluso prometiendo más ayudas europeas al sector. Por un lado, se buscan limitar las importaciones de productos “sensibles” para los europeos, como carne de vacuno, etanol, carne de cerdo, miel, azúcar o aves de corral. Por ejemplo, la UE permitirá la importación de una cuota de 180.000 toneladas de aves sin aranceles y de 99.000 toneladas de carne de vacuno con un arancel del 7,5%.

Además, Bruselas introdujo en diciembre cláusulas de salvaguarda para proteger el sector agroalimentario frente al impacto negativo de un aumento de importaciones desde el Mercosur. La Comisión Europea podrá abrir una investigación si detecta “perturbaciones” en el precio o volumen de importaciones de productos definidos como “sensibles”, como carne de vacuno, pollo, huevos o azúcar.

La investigación se podrá iniciar si el precio de las importaciones es un 5% inferior al producto europeo equivalente, si se detecta un aumento de al menos el 5% en el volumen de importaciones sensibles respecto a la media de los tres años anteriores, o si el precio cae un 5%. Estos nuevos umbrales sustituyen los anteriores, que activaban la investigación con diferencias superiores al 8%.

Aun así, Francia, Italia y Polonia se oponían al pacto, impidiendo una mayoría cualificada suficiente para autorizar la firma del Mercosur. Von der Leyen ofreció más fondos al sector –45.000 millones de euros en fondos de la PAC adelantados–, logrando el apoyo del gobierno italiano y desbloqueando la firma del controvertido acuerdo comercial.

Proceso de ratificación

El Consejo de la UE, donde están representados los estados miembros, autorizó la semana pasada la firma de dos textos: el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur y el acuerdo comercial provisional. Una vez firmados por la UE y los países del Mercosur, el Parlamento Europeo deberá dar su consentimiento para la conclusión formal de ambos acuerdos.

Los tratados de la UE permiten al Consejo, a propuesta de la Comisión Europea, autorizar la aplicación provisional del acuerdo comercial “si es necesario”. Aunque el ejecutivo comunitario no descarta esta posibilidad, insiste en que buscará el aval de la Eurocámara antes de comenzar a aplicarlo. Se prevé que el Parlamento Europeo vote el acuerdo provisional en abril o mayo, si no surgen obstáculos parlamentarios.

Pregunta al TJUE

El pleno del Parlamento Europeo debatirá y votará la próxima semana si, antes de la votación final del acuerdo, solicita al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una opinión sobre la compatibilidad del pacto con los Tratados de la UE.

La votación se produce tras la iniciativa de cerca de 150 eurodiputados, tanto de extrema derecha como de grupos de izquierda, que impulsaron el debate para que la Eurocámara decida si recurrir a la justicia europea el acuerdo de libre comercio.

Por ahora, el grupo más grande del Parlamento Europeo, el Partido Popular Europeo (PPE), ha rechazado elevar el acuerdo al TJUE. En rueda de prensa el viernes, el portavoz del PPE, Pedro López de Pablo, afirmó que esperan que el PP español apoye el Mercosur para que pueda avanzar, pese a la presión del sector agrícola en España. Los Socialistas y Demócratas (S&D), donde está integrado el PSOE, también prevén que la mayoría vote en contra de la petición.

Si la solicitud de elevar el acuerdo al TJUE no prospera, la Eurocámara someterá el acuerdo provisional a votación en primavera, sobre el cual la UE tiene competencia exclusiva. Los estados del Mercosur también deben dar luz verde a la aplicación provisional.

La entrada en vigor definitiva de todo el acuerdo de asociación con Mercosur requiere la ratificación de los parlamentos de todos los estados miembros de la UE, ya que va más allá de las competencias exclusivas de la UE en comercio. En España, el Congreso y el Senado deberán validar el texto, respectivamente, una vez recibido el visto bueno final de la Eurocámara.