La relación entre el CF Reus y el Ayuntamiento está cerca de romperse. El consistorio confirma que legalmente no puede abonar la subvención de 200.000 euros para el fútbol sabe que estipula elconvenio con el CF Reus porque éste, según el ente, es un club deudor, ya que no ha pagado los 227.000 euros por el alquiler del Estadi. La situación para el Ayuntamiento ha llegado a tal extremo que ha terminado reclamando, bajo petición judicial, esa cantidad. Hasta el momento, el Reus no ha recibido todavía dicha notificación.
La polémica surge con el caso Innova de fondo y tras los distintos registros policiales realizados en la sede de Reus Esport i Lleure (Rellsa). Sin ir más lejos, la última se produjo el pasado mes de diciembre. No puede olvidarse que la empresa municipal está en el foco del juez instructor que ha abierto una pieza secreta –la número 11– para investigar, precisamente, si los convenios ya iniciados entre el gobierno tripartito y el CF Reus se han ido destinando a pagar nóminas de la primera plantilla.
El historial de desencuentros entre el CF Reus y el Ayuntamiento arrancó en junio de 2014. Joan Oliver tomó el mando de la entidad que estrenaba Sociedad Anónima Deportiva, con él mismo como accionista mayoritario. En una reunión que mantuvieron el mismo propietario del Reus, Ferran Pujol, gerente de la entidad, Sebastià Domènech, por aquel entonces concejal de deportes, y el alcalde, Carles Pellicer, se cerró el primer convenio de colaboración. En él hubo una rebaja considerable, casi de un 60 por ciento, de la subvención que el consistorio otorga al club para la promoción del fútbol base. De 500.000 euros se pasó a los 200.000, a cambio de que el Reus podría utilizar el Estadi, de propiedad municipal, de forma gratuita. El pacto se firmó.
A finales de ese mismo 2014, con la ruptura del pacto de gobierno entre PP y CiU, Sebastià Domènech dejó el cargo de concejal de Deportes y otro factor de peso entró en la historia. Rellsa pidió al Reus una cantidad económica por el uso del Estadi. El ente esgrimió que él tenía la postestad de la gestión y que una empresa privada, en este caso la Sociedad Anónima deportiva rojinegra, no podía utilizar las instalaciones de forma gratuita. La cantidad que pidió Rellsa fue de 110.0o0 euros. Con el consentimiento del alcalde se revisó el convenio y el Reus lo firmó «para mantener las buenas relaciones con el consistorio», admiten desde la entidad.
Por otra parte, cabe señalar que Rellsa atraviesa una complicada situación financiera y su futuro es incierto, ya que el consistorio se plantea su disolución. La semana que viene está previsto que se celebre el primer consejo de administración de esta legislatura.
