Los juzgados de Reus tienen «las agendas llenas y hacen lo que pueden». Se señalan vistas, además, de todo lo suspendido por las huelgas finalizadas este verano pasado –secundadas por los letrados de la Administración de Justicia y funcionarios– pero «sigue habiendo retardos y colapso en el ritmo diario, nos preocuparía que en un futuro se volvieran a convocar más huelgas, pero de momento no hay nada». Así lo confirma la decana del Il·lustre Col·legi de l’Advocacia (ICA) de Reus, Encarna Orduna Pardo.
Con el juzgado de lo social, comenta, por ejemplo, «se señalan vistas, incluso, para finales de 2025». El de familia, «está saturado y no paramos de pedir señalamientos». Todas las inquietudes de los abogados y abogadas colegiados en el ICA de Reus, por otro lado, «nos llegan a la comisión de relaciones con la administración de justicia y nosotros las elevamos a los estamentos oportunos, para que las tengan en cuenta». El colapso en los juzgados de la ciudad es una problemática anunciada repetidamente y a lo largo de los años por el sector y en parte se solucionaría, declara Orduna, «con más juzgados, como con otro juzgado de lo social, que sería el segundo».
Adecuar las dependencias
Para poder ampliar el número de juzgados, que a día de hoy son un total de 16 –con ocho de primera instancia, cuatro de instrucción, uno de lo social, uno de violencia sobre la mujer y dos de lo penal– hay que pasar por unas adecuaciones de las dependencias judiciales.
«L’administración de justicia ha tomado consciencia de las carencias que tienen nuestros juzgados en este sentido, y se está estudiando la adecuación de los diferentes espacios, porque para contar con más juzgados se necesita un cambio», expresa la decana del ICA de Reus. Dicha voluntad, aun así, «no tiene concreción», en cuanto a calendarios.
A modo de recordatorio, este verano cesaron las huelgas citadas que tras estar meses en activo provocaron demoras que la abogacía reusense tildó de «inadmisibles», a pesar de entender la razón de su realización. La situación motivó la convocatoria, a finales de junio, de concentraciones delante de los juzgados de Reus y otros colegios del territorio, como Tarragona y Tortosa, así como del resto del Estado. Y todo, para pedir medidas y un pacto de Estado.
Casi una veintena de profesionales de la abogacía se congregaron a las puertas de los juzgados de Reus con el objetivo de reactivar inmediatamente el servicio público de justicia, tras tiempo «sin cumplimiento de los servicios mínimos y sin ningún atisbo de solución».
Y es que, en la demarcación, se anunciaron «récords históricos», con «más de 65.307 asuntos atrasados, un 6% más que el año pasado». Por entonces, se dijo que el porcentaje de congestión se se ha disparado este año «a casi un 11%». Desde el ICA de Reus, el miembro de la junta de gobierno del ente, Luís Alcañiz expuso que, en la ciudad, la situación afectaba a «casi 300 profesionales, y hay que contar también a los compañeros de todo el Estado que vienen a trabajar aquí».
A la concentración, se sumó el Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Reus, con su decano, Xavier Estivill. Alcañiz y Estivill estuvieron de acuerdo en que «nos da la sensación de que la justicia no es un tema que aporte votos a los gobiernos del momento, la única solución es un pacto de Estado».
También, Orduna aportó que se habían desencadenado muchos factores a la vez, que se habían sumado al ya de por sí colapso judicial. La situación «se agravó además por la pandemia» con lo que «estamos ante una tormenta perfecta, ha habido una serie de huelgas, todas ellas legítimas, que al juntarse en un mismo lapso de tiempo han generado un impacto que perjudica a la ciudadanía».
La afectación también la vivieron «procuradores y abogados, profesionales liberales que no pueden hacer huelga ni avanzar en su trabajo, algo que provoca perjuicios a la sociedad, así como de carácter económico para los propios abogados». Ahora, «la justicia está, verdaderamente, en la UCI», concluyó Orduna.
