El Hospital Sant Joan de Reus cierra otro año convulso. Sobre todo por su delicada situación financiera y una preocupante sensación de que su modelo puede estar próximo a agotarse. En este 2016 se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que el CatSalut participe de su gobernanza. Una puerta que se ha abierto por primera vez públicamente y que podría ir más allá. No obstante, la voluntad política siempre ha sido que el hospital siga en manos de la ciudad.
Sea cual sea el rumbo que tome el hospital, la realidad expresada por todos es que debe recuperar la buena reputación que tuvo durante los años de bonanza económica. La crisis y la presunta mala gestión de los anteriores responsables han dejado el equipamiento, y por extensión a todo el Grup Salut, en la UCI.
Tampoco ayuda la derivada judicial del caso Innova, que tiene la sanidad reusense en el punto de mira. Hasta cinco empresas municipales están vinculadas con alguna de las 15 piezas separadas de la macrocausa. Las consecuencias políticas y territoriales que puede llegar a tener son todavía una incógnita.
2016 ha sido uno de los más agitados desde que el pasado mes de mayo se cerraran las cuentas de 2015. Fue entonces cuando afloró la existencia de un déficit de 3,1 millones de euros. Una noticia que generó un gran malestar entre los trabajadores por el impago de las retribuciones variables en función de los objetivos (DPO). También supuso el despido del director general de Sagessa, Jordi Colomer, y la activación de un plan de emergencia.
El gobierno municipal fue el primero en tomar cartas en el asunto. En un abrir y cerrar de ojos aprobó un paquete de medidas extraordinarias para aligerar la carga económica del hospital, más allá de expresar su voluntad de adelgazar y poner orden en el organigrama del Grup Salut. Desde el equipamiento hospitalario también se activó un plan de ajuste interno. Pero la gravedad de la situación obligó a tomar otra decisión de más calado.
Esa decisión fue desviar cuatro millones de euros del fondo de reserva del Hospital Comarcal de Móra d’Ebre para evitar la disolución como sociedad anónima municipal del Hospital. Una maniobra contable que, a la postre, ha servido para reducir el déficit (ahora se sitúa en un millón de euros) y no para consolidar su patrimonio. Un detalle de gran relevancia, porque si bien los números de todo el grupo acaban consolidando juntos, también lo es que las causas que generan el déficit no han sido solucionadas.
El impago de las DPO
Aquí surge el papel del CatSalut. Su intervención como tercer actor sigue siendo al cierre de este ejercicio una incógnita. Y presumiblemente seguirá siendo así hasta que no despliegue su nuevo plan estratégico sanitario del que se conoce muy poco.
El 2016 también ha estado marcado por las diferencias antes apuntadas entre dirección y comité de empresa. En estos momentos, los trabajadores ya han presentado una denuncia por el impago de parte de las DPO adeudadas del 2015. Un problema con vistas a repetirse tras el anuncio de la presidenta del Grup Salut, Noemí Llauradó, de que los objetivos no se pagarán mientras haya déficit.
Ante los interrogantes del futuro, el tramo final de este año ha presentado la mejor noticia en cuanto al Hospital: la nueva mayoría reinante entre el equipo de gobierno y el PSC en materia sanitaria.
