El recurso que Esquerra Republicana presentó en 2023 contra el decreto del alcalde Rubén Viñuales (PSC) en el que dictaba que el Ayuntamiento renunciara a la acusación particular del caso Inipro sigue vivo. Así lo ha dictaminado esta semana la jueza del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Tarragona, Eila Soteras, tras rechazar la declaración de inadmisibilidad solicitada por el consistorio contra la alegación del principal partido de la oposición.
El caso, cuyo juicio sigue pendiente de fecha después de que se empezara a investigar en 2013, finalizó la investigación preliminar hace años, pero todavía no tiene calendario para la vista, en un proceso que contará con 64 testigos para determinar el destino de los 276.000 euros que debían ir a Serveis Socials pero que las acusaciones critican que se desviaron para fines partidistas.
De hecho, de las tres acusaciones del caso –la de la CUP, la Fiscalía y el propio Ayuntamiento–, es la parte municipal la que pide una mayor pena para el exalcalde Josep Fèlix Ballesteros (PSC).
El Ayuntamiento decía que el decreto «no es un acto administrativo, sino político», y negaba que fuera válida la firma de Ricomà, que ya no es edil. La jueza tumba los dos argumentos
Así, mientras que el Ministerio Público pide cinco años y 10 meses de prisión para el exalcalde Josep Fèlix Ballesteros (PSC), las cupaires solicitan 13 y, la acusación del Ayuntamiento –impulsada por el abogado Ramon Setó durante el gobierno de Pau Ricomà (ERC), pedía 14 años y 3 meses para el que fuera Primer Edil entre 2007 y 2019.
Decreto en dos semanas
Tras ganar las elecciones en 2023, una de las primeras decisiones del alcalde Rubén Viñuales (PSC) fue retirar la acusación municipal. Esto lo materializó mediante un decreto de alcaldía firmado el 28 de junio del 2023. En el escrito, el nuevo alcalde justificaba que la acusación era «extemporánea», ya que el consistorio «no participó» en la instrucción.
El pasado mes de septiembre, el juzgado rechazó las medidas cautelares solicitadas por Esquerra. En ese momento, el consistorio solicitó el archivo del recurso de ERC, al entender que el decreto no era un acto administrativo, sino «político», en un posicionamiento que inicialmente no compartió el Ministerio Fiscal ni ahora la jueza, que avala que es una decisión «administrativa».
El gobierno del PSC también criticó que en el recurso figura la firma del exalcalde Pau Ricomà, que dejó de ser concejal pocos días después de registrar el recurso. La jueza sostiene que la firma es válida, porque «sí era edil en el momento de presentar» la alegación.
El concejal de Esquerra Jordi Fortuny destaca que «queda demostrada que la voluntad del gobierno municipal de inadmitir el recurso no tenía fundamento».
El recurso de ERC sigue vivo, pues, a la espera de que el juzgado determine sobre el fondo de la cuestión: si es válido que el Ayuntamiento renuncie a seguir como acusación. Otra fase ya será la del juicio, que de momento ni está ni se le espera. ¿Será el primer macrojuicio del futuro Fòrum Judicial de Joan XXIII? Con Inipro, no descarten nada.
