Opinión

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El debate migratorio suele instalarse en la agenda política envuelto en aprensiones conocidas y consignas repetidas. El anuncio de un programa temporal de regularización del Gobierno central no ha sido una excepción. Hay quien se opone porque cree que naturalizar trabajadores en sectores de poco valor añadido con sueldos bajos no resuelve nada, pues los impuestos que pagan no cubren el gasto público que suponen. Otro argumento en contra gira al temor del supuesto «efecto llamada» de la regularización. Este es un miedo muy arraigado en el que los datos, una vez más, ayudan a matizar los prejuicios. Conviene empezar por una evidencia incómoda pero ineludible: España no tiene suficientes nacimientos para garantizar el relevo demográfico. Sin una aportación sostenida de migrantes en edad activa, el sistema productivo y el Estado del bienestar se verán sometidos a riesgos. Reconocer esta realidad no es una concesión ideológica, sino un ejercicio de responsabilidad. El verdadero debate no debe centrarse en si regularizar o no, sino en cómo hacerlo. Las últimas investigaciones comparadas sobre políticas migratorias en países de la OCDE durante las últimas ocho décadas aportan una lección clara: el «efecto llamada» no es un fenómeno automático ni inevitable. Existe, pero es gestionable. Depende de forma decisiva del diseño de la regularización. Los datos muestran que los flujos migratorios tienden a aumentar tras una regularización, pero no tanto por la expectativa abstracta de «papeles», sino por la existencia de redes familiares y comunitarias ya asentadas que transmiten información y reducen la percepción del riesgo. Aquí reside la clave. Cuando los programas exigen un periodo mínimo de residencia irregular previa —en torno a ocho meses—, el incentivo a emigrar con la esperanza de una futura regularización se diluye. Vivir durante meses en la invisibilidad administrativa, sin garantías ni estabilidad, no es un reclamo. Es un filtro. La evidencia empírica, pues, sugiere que el rigor en los requisitos puede ser perfectamente compatible con la integración. Incluso puede ser su condición necesaria. En un contexto de envejecimiento acelerado y escasez de mano de obra en sectores clave, cerrar los ojos no es una política. Diseñar bien las herramientas, sí.

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