En octubre de 1945 se firmó la Carta de las Naciones Unidas como instrumento para prevenir otro conflicto de la magnitud de la II Guerra Mundial. El artículo 2.4 de la Carta establece que los estados no pueden utilizar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de ningún otro estado. Asimismo, el derecho internacional especifica que interferir en asuntos ajenos a través de la fuerza militar constituye un crimen de agresión. Si no fuera así, se abriría la veda para que cualquier país pueda invadir a otros o derrocar gobiernos según sus propios intereses. En este sentido, los bombardeos de EE. UU. contra Venezuela y el secuestro del presidente Maduro suponen un crimen internacional de agresión y una violación de la Carta de la ONU. De hecho, constituye el mismo crimen de agresión que la Rusia de Putin cometió al invadir Ucrania. No obstante, estos ataques ilegales de la administración Trump contra Venezuela muy probablemente no serán sancionados por el Consejo de Seguridad de la ONU debido a la capacidad de veto de Washington y a la doble moral de parte de la comunidad internacional. Es más, si EE. UU. no se enfrenta a ninguna sanción por esta agresión, se establece un peligroso precedente para que terceros países lleven a cabo operaciones militares contrarias al derecho internacional. En este sentido, es obvio que China puede aprovechar la oportunidad para intervenir en Taiwán.
Asistimos a la sustitución
de la fuerza del derecho
por el derecho de la fuerza.
Sin Naciones Unidas,
la seguridad de la humanidad deja de exsistir
Abiertamente, Trump asegura que EE. UU. “tomará el control” de Venezuela hasta “garantizar una transición segura”, que “tendrá presencia en lo relativo al petróleo” exigiendo «acceso total» al país, y ha advertido de una posible «segunda oleada de ataques». Una sincera declaración de intenciones donde también ha menospreciado a la oposición venezolana, dejando patente que el objetivo de la intervención militar no tiene nada que ver con la democracia y los derechos humanos, sino más bien con los intereses económicos por el control estratégico de la energía y el dominio de la región, expulsando a China y Rusia.
La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de EE. UU. queda inaugurada con un retorno a la doctrina Monroe, al imperialismo y al neocolonialismo en una región que Washington considera su patio trasero. Esta ambición por la adquisición de recursos energéticos y el control territorial también se ha manifestado en las pretensiones sobre Groenlandia, tratando a naciones y territorios como simples activos en un tablero de juego mercantilista.
La deriva de EE. UU. al actuar a través de su supremacía militar para hacer caer o modificar gobiernos y alianzas para que estén al servicio de sus intereses económicos, geoestratégicos y políticos erosionan aún más las actuales instituciones multilaterales de gobernanza global y profundiza en la deconstrucción de la legalidad internacional. Una situación donde la Unión Europea actúa dividida, casi paralizada y sin una reacción política contundente que condene esta deriva y la posicione como un actor global con intereses propios, no subordinados a unos EE. UU. de Trump que querría deshacer la UE para volver a una Europa de estados, aún más fáciles de someter.
En definitiva, asistimos a la sustitución de la fuerza del derecho por el derecho de la fuerza. Si el marco de las Naciones Unidas se convierte en un simple decorado que las grandes potencias ignoran a conveniencia, la seguridad de la humanidad deja de existir. Nos adentramos en un escenario donde la soberanía es un privilegio reservado sólo a quienes tienen la capacidad militar para defenderla, dejando al resto del mundo a merced de la arbitrariedad. La impunidad que hoy vemos en Venezuela o en Gaza no es una anomalía, sino el ascenso de un nuevo orden donde el derecho internacional es sacrificado en el altar de los intereses geoestratégicos de los poderosos.
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