El Tomb de Reus impugna la Zona de Bajas Emisiones y pide suspender su aplicación

El Tomb de Reus ha formalizado esta semana la demanda del recurso contencioso-administrativo interpuesto el pasado mes de julio contra la aprobación de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Reus. La demanda incluye una petición de suspensión cautelar de la normativa para evitar que su entrada en vigor, prevista para el 1 de diciembre, coincida con la campaña de Navidad. El Ayuntamiento dispone ahora de diez días para presentar alegaciones. No obstante, fuentes municipales aseguran que aún no han recibido la notificación de la demanda, por lo que declinan hacer declaraciones.

La entidad comercial sostiene que la ordenanza municipal incumple tres requisitos que establece la ley estatal que regula las ZBE: la falta de un estudio económico sobre el impacto de la medida en el comercio local, la ausencia de datos que acrediten que Reus supera los límites legales de contaminación y la carencia de una justificación técnica del mapa sancionable, que abarca un 34 % del casco urbano residencial.

«No estamos en contra de la ZBE, pero sí de cómo se ha aplicado. La ley obliga a justificar el impacto económico y medioambiental, y en la ordenanza no se menciona», señala Víctor Perales, presidente del Tomb. Tras presentar el recurso, el Ayuntamiento remitió al colectivo el expediente administrativo completo de la ZBE. Según la entidad, en el conjunto de informes no figura ningún estudio económico ni medioambiental, motivo por el cual han ratificado la demanda.

«Los datos de la Generalitat de Catalunya demuestran que Reus no supera los límites legales de contaminación desde 2011», recuerda Perales, quien considera que la zona afectada «debería ajustarse a la realidad ambiental de la ciudad, como han hecho otros municipios que han delimitado un ámbito mucho más reducido».

Voluntad de diálogo 

En caso de que la ordenanza se suspenda de forma cautelar, el procedimiento judicial seguiría su curso. El presidente del Tomb asegura que mantiene la voluntad de diálogo con el consistorio para evitar llegar a los tribunales. «La ordenanza podría haberse modificado por votación en el pleno si hubiera existido voluntad política», añade.

En su momento, el Ayuntamiento defendió que la implantación de la ZBE responde a una obligación legal establecida por la Ley estatal de Cambio Climático. El consistorio también justificó la extensión del área sancionable en los criterios técnicos fijados por los estudios de movilidad y sostenibilidad, y descartó una posible reducción del perímetro.