Aplazado el juicio por supuestos daños a la comunidad de regantes del pantano de Riudecanyes

El juicio contra dos activistas de entidades ecologistas que debía celebrarse este viernes en los Juzgados de Reus se ha aplazado hasta el 23 de noviembre por cuestiones internas del tribunal. Andreu Escolà, miembro de GEPEC-EdC, y Anaïs Estrems, de la Plataforma pel Riu Siurana, se enfrentan a cuatro años de cárcel por los delitos de usurpación en su modalidad de distracción de las aguas, por coacciones subsidiariamente, y por daños agravados.

Ésta es la petición de la acusación particular, ejercida por la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, que también les reclama multas que suben a los 7.000 euros. La fiscalía sólo solicita indemnizaciones por importe similar.

Los activistas participaron en una acción reivindicativa y «pacifica» en el azud de Riudecanyes, en el verano de 2017, en la que abrieron las compuertas del canal de derivación para desviar el agua hacia el río Siurana. Durante quince horas, el agua se derivó hacia el cauce del río para contribuir a recuperar su curso, según han recordado desde las entidades ecologistas. La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes les denunció por este hecho.

Los ecologistas denuncian que la Comunitat quiere criminalizar al movimiento y desmovilizarlos con la petición de cuatro años de cárcel. «Siempre he dicho que si pudieran, son la gente que hace 200 años nos habrían colgado en la plaza del pueblo por escarnio público, hacen lo mismo, pero con los métodos de hoy; la gente del pueblo les plantamos cara y no pueden tolerarlo», manifestó ayer Estrems, delante de los juzgados.

Comparte parecer Escolà, que remarcó que el ministerio fiscal pide una pena más reducida. También recordó que desde la primera acción del GEPEC-EdC en 2014, los regantes no han parado de interponer denuncias, que los jueces han acabado archivando.

«Ha sido a base de insistencia y de pagar abogados que la suma de todas las pequeñas acciones han dado cuerpo; sus letrados no se creen la querella, lo hacen porque cobran y posiblemente por vinculaciones políticas», espetó el investigado.