Se multiplican los casos en que los jueces proponen ir a la mediación

Se trataba de un conflicto que, por cotidiano, difícilmente habría llegado a los juzgados y que amenazaba con romper las relaciones familiares: en una familia de cinco hermanos sólo una se encargaba del cuidado de la madre, muy mayor, con el consecuente desgaste emocional y físico. Gracias a un proceso de mediación los hermanos consiguieron ponerse de acuerdo para responsabilizarse, entre todos, de los cuidados de la madre... Bajó la tensión y las relaciones gozan de buena salud.

Maria José Bertomeu, abogada y presidenta de la Comisión de Mediación del Col·legi d’Advocats de Tarragona, pone este caso como ejemplo cuando se le pregunta por las ventajas menos conocidas de la mediación a propósito de la celebración, ayer, de su Día Europeo.

Y es que la mediación, a pesar de su escasa difusión, ha comenzado a ganar peso poco a poco. Según los datos que maneja el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, organismo dependiente del Departament de Justícia de la Generalitat, el año pasado se iniciaron en Tarragona 373 procesos de mediación; el año anterior fueron 374 y en 2013 eran 366.

Pero, a pesar de que las cifras parecen estancadas, sí que llama la atención el hecho de que cada vez más jueces proponen a las partes en conflicto recurrir a la mediación. El año pasado, en la provincia de Tarragona lo hicieron en 277 casos, frente a los 42 de 2014 y los 25 de 2013. Eso sí, hay que aclarar que se trata siempre de una propuesta, porque sólo se puede recurrir a la mediación si las partes están de acuerdo.

También hay que tener en cuenta que esta estadística sólo refleja los casos que registran el centro de la Generalitat y las entidades con las que tiene acuerdos (el Colegio de Abogados, entre ellas). Aquí no se cuentan las mediaciones que se hacen por la vía privada, incluidas las de muchas empresas que cada vez más recurren a esta vía para dirimir sus conflictos porque es más rápido y económico.

Soluciones ‘a medida’

Tal vez la utilidad más conocida de la mediación tenga que ver con los conflictos familiares, en particular los relacionados con la separación de la pareja y la custodia de los hijos. De hecho, Catalunya fue pionera en 2001 en aprobar una ley de mediación familiar.

Otra ley posterior, de 2009, también pionera, abrió el abanico de posibilidades a muchos otros conflictos civiles. Bertomeu pone ejemplos de lo más variados: conflictos entre vecinos, entre pacientes y personal sanitario, problemas de herencias, conflictos entre compañías multinacionales...

En definitiva, la mediación es un proceso de gestión de conflictos en el que un profesional hace posible que las personas reflexionen y busquen de forma conjunta una solución. Busca, sobre todo, que las partes se sienten a hablar. Parece sencillo, pero es probable que no lo hayan hecho hasta llegar a la sesión, especialmente en tiempos de teléfonos móviles y conversaciones por WhatsApp, cuenta Bertomeu.

En los casos de separación de las parejas, cuando hay hijos por medio, la mediación puede ayudar a realizar un «traje a medida» en el que son los propios padres los que establecen las soluciones. «Nadie mejor que ellos sabe cómo es la vida laboral del otro, el tiempo que le dedica al cuidado de los hijos o su situación económica», apunta la abogada. Además, si se media desde el principio, se puede evitar una ‘escalada del conflicto’ con graves estragos emocionales.

Mediador ‘de oficio’

Lo primero que hay que tener claro es que la mediación sólo es posible si ambas partes están de acuerdo. Incluso se puede solicitar un mediador de justicia gratuita si no se tienen los recursos económicos suficientes: los baremos son los mismos que cuando se solicita un abogado de oficio. El Col·legi d’Advocats de Tarragona tiene un Servei d’Orientació a la Mediació,SOM, desde el año 2005 en colaboración con el Centre de Mediació de la Generalitat. La orientación se realiza en los propios juzgados de Tarragona, El Vendrell y Valls y se puede pedir cita previa en el teléfono 977 212 709.

En caso de que no se tenga derecho a la justicia gratuita, el coste de las sesiones que se contratan a través de este servicio tienen un precio público de 40 euros por hora por cada parte y cubre seis sesiones.

También se puede recurrir a un mediador privado, que siempre será independiente. Si se trata de un abogado y en algún momento ha representado a una de las partes, por ejemplo, no puede ejercer como mediador.

En los casos tramitados por el SOM, el servicio se encarga de asignar el mediador, aunque también se puede elegir libremente el que se desee. El mediador es siempre neutral, y son las partes que intervienen las que deciden los acuerdos a los que quieren llegar. Todo el proceso es confidencial. En el caso de la custodia de los hijos, por ejemplo, las medidas acordadas se ratifican por un juzgado.

Bertomeu insiste, de todas formas, en que la posibilidad de un proceso judicial siempre está allí en caso de que no se llegue a un acuerdo. Además hay casos en los que, de entrada, no procede la mediación, como los de violencia de género.

El año pasado el 55% de las mediaciones contabilizadas por el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya terminó en un acuerdo. En el caso de Tarragona el porcentaje habría sido aún mayor.

44 acreditados en TGN

Hay que apuntar también que los abogados no son los únicos que pueden ejercer como mediadores; también pueden hacerlo otros profesionales como psicólogos o trabajadores sociales, entre otros, siempre que hayan superado una formación específica y estén acreditados ante el Departament de Justícia.

En el caso de la ciudad de Tarragona hay 44 mediadores acreditados. La lista es pública y se puede consultar en la página web de Justícia.

En general el número de mediadores acreditados ha ido aumentando en los últimos años y podría hacerlo aún más si, como se asoma, la mediación deja de ser voluntaria, como hasta ahora, y se convierte en obligatoria para ciertos casos.

En el caso específico de los conflictos en comunidades y entre vecinos, el Ayuntamiento de Tarragona cuenta con un Servei de Mediació Ciutadana i Acció Comunitaria, en colaboración con la Guàrdia Urbana. El servicio es gratuito y se puede pedir cita llamando al teléfono 977 550 031 de 9 a 14 horas.