Tarragona, a la cabeza de Catalunya en robos a payeses: "Ya nos lo han quitado todo"

“Venir al campo a robar es preguntarse ‘¿qué cojo?’, porque ya nos lo han sustraído todo”. La frase de Sergi Claramunt, coordinador territorial de Unió de Pagesos (UP) en el Camp de Tarragona, refleja la frustración de unos agricultores que no confían en el sistema judicial y que llevan años viendo cómo desaparecen sus herramientas, metales y cosechas. Tanto es así que algunos incluso han optado por instalar cámaras de vigilancia.

Los datos oficiales corroboran esta realidad: en los primeros tres meses de 2025 se registraron 108 hurtos y robos con fuerza en el Camp de Tarragona y 113 en las Terres de l’Ebre. Esto equivale más de dos incidentes diarios solo en esta provincia, que se sitúa como la más afectada de Catalunya. En toda la comunidad, durante el primer trimestre, se denunciaron 664 casos, mientras que en todo el 2024 fueron 2.275, cifra inferior a la de 2023 y 2022.

Ramon Rojo: “Igual estás trabajando, tengo la furgoneta en la finca, y viene alguien, la abre y se lleva lo que haya” 

“Igual estás trabajando, tengo la furgoneta en la finca, y viene alguien, la abre y se lleva lo que haya”, comenta el representante en Tarragona de Revolta Pagesa-Gremi de la Pagesia Catalana, que ha sido víctima de estos episodios en varias ocasiones: “Hace tres años fui a coger almendras y encontré los árboles vacíos, y este marzo me reventaron un almacén”. Recientemente, ha habido un nuevo episodio en una finca de melocotones en Cambrils

Dos tipos de delincuentes

Los ladrones se dividen en dos grupos, según Rojo: “Hay oportunistas que están constantemente rondando la zona y se llevan lo que encuentran, y luego están quienes actúan con conocimiento de las fechas y lugares de cosecha, además de los especialistas en acceder a almacenes, casas o garajes”. Como indica Claramunt, “incluso falsifican documentos que aseguran que el propietario les ha dado permiso para recoger”.

Para hacer frente a esta problemática, los agricultores han mantenido reuniones con la delegación del Govern y los Mossos d’Esquadra. Rojo reclama el refuerzo de figuras como la del guarda rural, todavía presente en algunas localidades como La Selva del Camp, así como la continuidad de los agentes municipales. “Tener patrullas en activo es un factor disuasorio. Si un pueblo pierde sus guardias, el vecino lo sufrirá”, explica Claramunt.

En ciertos municipios, estos agentes no pueden tramitar denuncias formales, pero sí levantar actas que luego remiten a los Mossos, aportando datos como matrículas o descripciones que facilitan las investigaciones.

Falta de confianza

El problema principal es que muchos de estos casos no llegan a denunciarse, lo que podría explicar la disminución en la presentación de quejas formales. Según Claramunt, “no es que haya menos robos, sino que la gente ya no los notifica”. Los sindicatos insisten en la importancia de denunciar: “La Administración trabaja con datos y, si observa que caen las denuncias, ¿qué hará?”.

Sergi Claramunt: "Tener patrullas en activo es un factor disuasorio"

Esta tendencia responde a una mezcla de desconfianza y dificultades prácticas: “La mayoría de los agricultores superan los 70 años, y denunciar implica desplazarse, pedir cita previa, y a veces depender de un familiar… Es un drama. Muchos piensan que no servirá para nada”.

Rojo relata el caso de un compañero suyo: “Le sustrajeron entre 600 y 800 euros en gasoil, y el fiscal solicitaba para el acusado una multa de 15 euros durante un mes, que apenas alcanza la mitad del valor robado”. Añade que “en muchas ocasiones intentan intimidarte para que no presentes la denuncia”. Pero, sobre todo, afirma que “los Mossos hacen lo que pueden, el problema está en que existen leyes que no funcionan”.

A esto se suma la impotencia de no recuperar lo perdido. “Presenté tres o cuatro denuncias el año pasado y no conseguí nada. La sensación es que no vas a recuperar tus cosas y que los delincuentes no serán sancionados”, lamenta Claramunt.

La inacción denunciada por afecta a la legalidad en la gestión de la mercancía recuperada

La inacción denunciada por los campesinos afecta incluso a la legalidad en la gestión de la mercancía recuperada. Claramunt pone un ejemplo: “Si se incautan algarrobas robadas sin denuncia previa, terminan devolviéndose al ladrón por falta de reclamación formal. Si no hay denuncia, las algarrobas vuelven a manos del delincuente”. La campaña de la algarroba está a punto de comenzar, y con ella, el temor a un aumento de estos delitos.

La infraestructura policial y el trabajo conjunto con el sector

Desde 2010, los Mossos d’Esquadra desarrollan el Programa Operatiu Específic (POE) del Món Rural, que coordina todas las acciones para combatir las sustracciones en el ámbito rural. Posteriormente se añadió el POE Metall, dirigido específicamente a perseguir los robos de metales —como hierro y cobre— en explotaciones y almacenes.

Además, el Departament d’Interior reconoce que los Mossos mantienen un diálogo fluido y constante con las organizaciones agrarias para conocer sus necesidades y adaptar su plan de trabajo.

El pasado 31 de marzo tuvo lugar un encuentro en el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, presidido por el secretario general del Departament d’Interior i Seguretat Pública y la secretaria general del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Asistieron representantes de todas las organizaciones agrarias, junto con los comisarios jefe y subjefe de la Comissaria Superior Territorial, y el jefe del Cos d’Agents Rurals.

En la reunión se expuso la situación actual de seguridad en el campo, y los representantes del sector pudieron manifestar sus inquietudes y demandas. De los acuerdos destacan dos iniciativas principales:

Respecto al número de efectivos destinados a la prevención y persecución de estos delitos, no existe una cifra fija para cada tipo de infracción. Además de las unidades de Seguretat Ciutadana y de Investigació Bàsica (UI), existen las Regionals de Medi Ambient, que incluyen la vigilancia del mundo rural y están presentes en las nueve regiones policiales de Catalunya. Asimismo, algunas Àrees Bàsiques Policials situadas en zonas rurales cuentan con un Grup Rural específico para atender estos territorios.

A pesar de estas medidas, la provincia de Tarragona mantiene uno de los índices más altos de hurtos en el ámbito rural, con un volumen considerable de casos que no siempre llegan a ser formalmente denunciados o judicializados.

Para los agricultores, la combinación de delincuencia organizada, lentitud administrativa y falta de personal en las fuerzas de seguridad agrava una problemática que se traduce en pérdidas materiales y un desgaste emocional profundo.