Solo hay once pulseras antimaltrato por violencia de género activas en Tarragona: ¿por qué?

Tarragona cuenta actualmente con solo once dispositivos electrónicos de seguimiento por violencia de género activos —las conocidas como pulseras antimaltrato—, según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Es la séptima provincia con menos registros de toda España. En comparación, Barcelona tiene 52 dispositivos activos, Girona ocho y Lleida seis.

Si se observan otros territorios, la diferencia es notable: provincias como Almería (con más de 770.000 habitantes), Castellón (630.000) o Córdoba (770.000) multiplican los registros de Tarragona, con 367, 149 y 148 dispositivos activos, respectivamente.

Diversas fuentes consultadas señalan que detrás de esta disparidad hay varios factores. Por un lado, Catalunya es uno de los territorios que más rechaza órdenes de protección: durante 2024, el 51,6% fueron denegadas, según el Consejo General del Poder Judicial. En Tarragona, tres de cada diez solicitudes no se aprueban, un dato que coincide con la media estatal. Dado que las pulseras se utilizan para verificar el cumplimiento de esas órdenes, cuanto menos se conceden, menos dispositivos se instalan.

También influyen los criterios de valoración del riesgo y los protocolos específicos que se aplican en cada territorio. En Catalunya, desde su implantación en 2009, el uso de las pulseras no se ha consolidado como práctica habitual. Normalmente, solo se aplican en situaciones de riesgo extremo o cuando el agresor ha violado reiteradamente las medidas de protección.

Las pulseras se colocan en la muñeca o el tobillo del agresor y sirven para alertar a la policía si este se acerca a la víctima o incumple la distancia de seguridad establecida por el juez. El sistema registra la ubicación y envía notificaciones tanto al centro de control como a la víctima, que dispone de otro aparato para cruzar ambas posiciones.

Sin embargo, estos dispositivos han estado en el centro de la polémica. El Ministerio de Igualdad ha reconocido por primera vez fallos tras el cambio de gestión del servicio en 2023, cuando la gestión pasó de Telefónica y Securitas Direct a Vodafone y Securitas.

Desde entonces se detectaron problemas y pérdida de datos. Los técnicos constataron que los nuevos dispositivos podían ser manipulados, fallaban al contacto con el agua y presentaban errores de geolocalización, lo que ha provocado absoluciones y sobreseimientos judiciales.

En Tarragona, como publicó el Diari, varias juezas alertaron durante una reunión de la Comisión Provincial de Coordinación contra la Violencia de Género sobre el mal funcionamiento de las pulseras. Señalaron que estos fallos generan problemas tanto para las víctimas como para el sistema judicial. En algunos casos, las mujeres afectadas prefieren no solicitar la medida para evitar una doble victimización.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, destaca en su memoria de 2024 el "escaso uso" de las pulseras en Catalunya. Reconoce también que algunas fiscalías apuntan la "dificultad de mantener la distancia de 500 metros en localidades pequeñas o la deficiente cobertura en zonas rurales aisladas".

Además, otras fiscalías han denunciado pérdida de información anterior al 20 de marzo de 2024 —fecha de migración al nuevo sistema— y la imposibilidad de acceder a datos esenciales para las investigaciones y juicios. Estas incidencias han provocado sobreseimientos y absoluciones, y muchas víctimas aseguran sentirse inseguras o desprotegidas. Algunas incluso han pedido la retirada del dispositivo.

El conjunto de factores —rechazo judicial de las órdenes de protección, fallos técnicos y desconfianza por parte de las víctimas— explica por qué Tarragona, con solo once pulseras antimaltrato activas, se mantiene entre las provincias españolas con menor implantación de este sistema.