Política
Parking Jaume I: 18 años de bloqueo judicial para ser un aparcamiento en la Part Alta de Tarragona
El alcalde Rubén Viñuales (PSC) afirma que reconvertir el espacio en un aparcamiento es la opción más «realista» para dar uso al agujero

Este mes de diciembre el consistorio ha ganado el litigio contra la financiera tecnológica.
Después de casi dos décadas de bloqueo judicial, finalmente el Ajuntament de Tarragona empieza a vislumbrar vías de solución para desencallar el parking Jaume I, en la Part Alta, una obra paralizada desde hace más de 17 años tras haber multiplicado por diez su coste inicial.
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La reciente sentencia favorable en Madrid contra la financiera de la tecnología, por posibles «dobles pagos» por la maquinaria, abre la puerta para que la EMT pueda recuperar a medio plazo entre 11 y 15 millones de euros. Por ello, el consistorio activa ahora el plan para desbloquear la construcción del aparcamiento frente al Rectorat de la URV, que se destinaría mayoritariamente para vecinos del Casc Antic, dejando el low cost de Torroja para no residentes.
«Queremos buscar soluciones realistas. Lo más factible para que el agujero pueda tener un uso es que sea un aparcamiento convencional», indica en declaraciones al Diari el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC), quien de esta forma apuesta por poner la primera piedra para acabar en un horizonte no muy lejano con una pesadilla que habrá durado más de un cuarto de siglo.
Obras paradas desde 2008
Previsto con un presupuesto de 3,9 millones, la obra ya ha comportado un gasto de 28 millones de euros para las arcas municipales, que arrastran, además, una deuda de 10,8 por un crédito solicitado en 2008. Contando con los intereses, la factura definitiva puede pasar de los 40 millones, además del laberinto judicial vivido y que ha hecho imposible poder finalizar el equipamiento.
Tras adjudicar las obras el 26 de marzo del 2002 a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Aparcaments Municipals y Sistemas Alem, el 11 de junio de 2002 se iniciaron unas obras que se convirtieron en una agonía para los vecinos del Casc Antic.
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Después de cinco años y medio de catas, problemas, sorpresas y sobrecostes, el 22 de febrero de 2008 el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), decidió paralizar la obra por la «incertidumbre», la «indefinición» y la «desconfianza» de los estudios de viabilidad.
«Buscamos soluciones. Un parking es la única vía para que el espacio tenga uso»
Rubén Viñuales,
Alcalde de Tarragona
Las suspensión de las actuaciones vino motivada también por la denuncia penal que presentó la plataforma Veu Ciutadana, que acusó a los responsables municipales de prevaricación y malversación de fondos públicos.
El caso estuvo más de 14 años en los juzgados, un hecho que imposibilitó que nada se pudiera hacer en el agujero debido a la necesidad de llevar a cabo pruebas periciales. Finalmente, entre 2022 y 2023 se archivó la querella: primero, la prevaricación y, posteriormente, la malversación. El desvío presupuestario no tuvo ningún responsable.
Operación rescate
Una vez cerrada sin culpables la vía penal, el consistorio –liderado por Pau Ricomà (ERC)– inició la vía civil en 2021, tras detectar irregularidades entre lo pagado por la tecnología a la financiera Metropolitan y la maquinaria existente en el recinto de la Part Alta.
Tras cuatro años en el Juzgado de Primera Instancia 15 de Madrid, finalmente este mes de diciembre el tribunal ha dado la razón al consistorio, anulando el contrato firmado en 2006. Esta resolución, de entrada, ahorra al ayuntamiento 3,2 millones de euros que quedaban pendientes por abonar y da vía libre para exigir el rescate de los 7,5 millones abonados entre 2006 y 2017 por la maquinaria.
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Estos 7,5 millones deberán recuperarse, además, con el interés legal de todos estos años, que puede llegar al 20%, por lo que la cifra total a rescatar podría oscilar entre los 11 y los 15 millones de euros. En esta segunda fase, el ayuntamiento intentará implicar al Banco Santander, entidad que compró maquinaria y que firmó un acuerdo con Metropolitan para cobrar la deuda de la EMT.
Aval a un nuevo estacionamiento
«Es necesario un estudio de impacto patrimonial en el plan de gestión de Tàrraco»
Jordi Tresserras, Icomos
Casi 18 años después, la vía judicial ya está en su tramo final: la penal, finalizada y, la civil, con una primera sentencia favorable para los intereses del consistorio. Por ello, llega el momento del gran debate: ¿Qué debe hacerse en el agujero? Prácticamente hay unanimidad: debe ser un aparcamiento convencional.
«Lo más normal sería convertirlo en un parking para vecinos», indica Joan Anton desde la Plataforma Som Part Alta, en una opinión que es compartida por comerciantes y empresarios. «Si se planificó como aparcamiento, debe serlo. No podemos hacer cosas raras, debemos ser prácticos y operativos, ya que en la Part Alta, además, hay una gran necesidad de estacionamiento», indica la presidenta de la Cambra de Comerç, Laura Roigé, mientras que Javier Escribano, de Hostalers de Tarragona, cree que «la necesidad de parking sigue existiendo».
«Sería positivo que fuera un aparcamiento a precio popular»
Raquel Pizarro,
La Via T
Desde la Via T, Raquel Pizarro también lo tiene claro: «Faltan aparcamientos, y más con la Zona de Baixes Emissions», indica la representante comercial, quien pide que la futura instalación «sea a precio popular: de nada nos servirá que cueste tres euros por hora».
Asimismo, Jordi Tresserras –de Icomos– pide llevar a cabo un «estudio de impacto patrimonial», que forme parte «del plan de gestión de Tàrraco» para «analizar si la circulación de vehículos puede perjudicar» la Muralla. Tras 18 años en el olvido, el Jaume I quiere dejar atrás los fantasmas del pasado y pasar a la acción.