Pla Jaume I en Tarragona: Recurso para recuperar el 50% del gasto de 28 millones y liquidar la deuda

El Ajuntament de Tarragona empieza a ver la luz al final del no parking Jaume I. Tras un cuarto de siglo de polémicas por un sobrecoste escandaloso sin que se haya condenado a nadie, finalmente esta pasada semana el consistorio recibió la primera gran noticia por el desastre de la Part Alta: la magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 15 de Madrid da la razón a la EMT y anula el contrato con la financiera de la tecnología del aparcamiento, teóricamente inteligente.

La resolución judicial abre la puerta a luchar por una indemnización millonaria que podría permitir recuperar hasta el 50% del gasto realizado y la deuda contraida: entre 11 y 15 millones en una obra que ya ha costado 28,1.

Créditos, intereses y facturas

¿En qué se ha gastado el consistorio todo este dinero? El cálculo no resulta sencillo. Para poder hacer una aproximación con una cierta garantía este periódico ha analizado con detalle cinco documentos: la demanda presentada por la EMT en Madrid contra la financiera de la maquinaria del parking; el informe económico de la comisión de investigación municipal elaborado por técnicos del ayuntamiento en el año 2009; los dos análisis periciales que formaron parte del expediente judicial de la vía penal, que se cerró en 2022 sin condenar a nadie; y el informe del interventor del presupuesto municipal del 2026. Del estudio sale un montante de unos 28,1 millones, que es lo que los especialistas económicos han podido acreditar.

La partida más elevada son las cuotas abonadas a Metropolitan por la maquinaria que debería haber hecho funcionar el parking: 7,5 millones. Este detalle se obtiene de la demanda de la EMT, en cuya sentencia se especifica que también pagó medio millón a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social tras recibir diligencias de embargo del Banco Santander.

La sentencia de Madrid especifica que el consistorio tiene derecho a recuperar tanto los 7,5 millones abonados a la financiera, como el medio millón por las diligencias de embargo. Además, la magistrada indica que el consistorio deberá ingresar también «el interés legal» de cada cuota devengada por el renting de la tecnología. Los técnicos municipales están estudiando la cantidad que podría comportar, que podría ser alrededor de un 25% adicional.

«La sentencia significa una importante reducción de la deuda de la EMT»

Rubén Viñuales,
Alcalde de Tarragona

Al estar Metropolitan en proceso concursal, el ayuntamiento quiere presentar un recurso de apelación para implicar al Banco Santander, que acordó con la financiera cobrar la deuda y, además, compró maquinaria. «Tenemos base solvente para demostrar que no fue solo una cesión de crédito», recalca el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales.

La resolución judicial tiene un efecto inmediato: un ahorro de cinco millones, ya que el consistorio ya no deberá abonar los 3,2 millones que restaban por pagar del renting de la maquinaria y puede desbloquear otros 1,7 que tenía consignados en caso de una posible resolución desfavorable. «La sentencia significa una importante reducción de la deuda de la EMT», destaca el alcalde.

7,2 millones en el crédito del 2008

El segundo mayor gasto en el Jaume I es por el crédito de 18 millones de euros que Aparcaments (ahora EMT) concertó en 2008 para unificar todos los préstamos que ya estaban en vigor. El informe del viceinterventor municipal del presupuesto de 2026 detalla que, a 31 de diciembre de 2025, quedarán aún por pagar 10,8 millones, sin contar los intereses. Esto significa que, en 17 años, se han amortizado 7,2. 

Todavía quedan por pagar 10,8 millones de euros de un préstamo del 2008

Otra partida importante se descubre en los análisis de los peritos que participaron en la causa penal. Aquí, los economistas cifran en 6,4 los millones que, hasta 2017 –la fecha del informe–, se pagaron en intereses de los préstamos. El auditor Arturo Martinez especificaba que «524.650 euros son costes financieros directos de UTE de 2002 a 2017; 3.228.634 en intereses de renting de 2002 a 2017: y 2.660.093 en intereses de préstamos por financiación de 2002 a 2017».

En materia de intereses debe sumarse lo que se ha seguido abonando desde 2017 por el crédito del 2008. Teniendo en cuenta que cada año se pagan unos 300.000 euros, el coste de los ocho últimos ejercicios –no contabilizados en el informe pericial– sería de unos 2,5 millones añadidos.

Podría liquidarse la deuda

En el informe de la comisión de investigación municipal se detalla que, durante la fase de obras del agujero frente al Rectorat de la URV, Aparcaments abonó directamente 5,6 millones en facturas entre el pago del renting y otros cuatro que fueron abonados directamente a proveedores tecnológicos entre los años 2006 y 2008, cuando Metropolitan empezó a incumplir las entregas.

Dos décadas y, como mínimo, 28 millones de euros después, el ayuntamiento tiene claro el Pla Jaume I: presentar recurso contra el Banco Santander, recuperar la mitad del gasto y liquidar la mayor deuda municipal para dar el portazo definitivo al mayor fiasco que se recuerda en Tarragona.