Tribunales
Cárcel para un narco de Tarragona por la mayor red de tráfico de cocaína entre Barcelona y Mallorca
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares confirma las penas de entre 2 y 9 años y medio de prisión impuestas a los 48 condenados y rechaza todos los recursos. La demarcación era uno de los puntos logísticos del entramado criminal
Interior de una vivienda registrada en el marco de la ’Operación Fade-Tucma’ de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
La ‘Operación Fade-Tucma’, de la Policía Nacional y la Guardia Civil, destapó en 2023 la mayor trama de tráfico de cocaína de Barcelona a Mallorca, que terminó con penas de prisión de entre 2 y 9 años y medio a 48 condenados, uno de ellos un tarraconense sobre el que pesa la pena más alta. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares revisa los recursos presentados por varios condenados y mantiene íntegramente la descripción de una estructura criminal asentada en distintos puntos de Catalunya, la Comunitat Valenciana y Mallorca.
Dentro de ese entramado, Tarragona aparece como uno de los lugares donde se localizaron domicilios y vehículos vinculados a la actividad delictiva. En esos inmuebles se hallaron restos de plantaciones, material de cultivo, balanzas, teléfonos móviles, dinero en distintas divisas y un vehículo de alta gama adquirido con fondos procedentes del tráfico de drogas. También se identificaron vehículos equipados con compartimentos ocultos utilizados para transportar sustancias o dinero sin ser detectados.
El Tribunal Superior confirma que estos elementos fueron correctamente valorados por la Audiencia Provincial y que forman parte del funcionamiento de la red. Tarragona no era un punto de distribución, pero sí un espacio utilizado para tareas de apoyo que contribuían al movimiento de la droga hacia Mallorca.
Así era la organización
El caso describe una estructura que operó al menos desde octubre de 2022 hasta octubre de 2023. Durante ese periodo, la red introdujo cocaína en la península procedente de Sudamérica, la almacenó, la preparó y la distribuyó a través de un sistema que combinaba laboratorios, transportistas profesionales y puntos de entrega en Mallorca. La actividad se mantuvo con estabilidad y con una división de funciones que permitía que cada rama actuara de manera coordinada.
El líder de la organización criminal dirigía el tráfico de cocaína entre redes colombianas y dominicanas distribuidas por diferentes ciudades catalanas. Camuflaban la droga entre los productos legales que transportaban algunos camioneros a las Baleares y volvían cargados de dinero en efectivo a la ciudad condal para pagar a los distribuidores en pleno puerto de Barcelona.
La organización mantenía una dura disciplina interna y un extremo hermetismo, con un claro reparto de tareas y jerarquía entre los miembros. Usaban a conductores de camiones que aprovechaban su trabajo en empresas legales de transporte para efectuar las entregas sin que estas conocieran la actividad ilícita de sus trabajadores.
Los conductores que se retrasaban en las entregas se quedaban sin participar de los beneficios de la siguiente semana. Los transportistas llegaban cada madrugada a la isla a través del puerto de Alcudia para evitar ser detectados en los controles policiales de Palma.
La rama catalana: laboratorios, almacenamiento y entrega a transportistas
En Catalunya se concentraba una parte esencial del proceso. Allí se recibía la cocaína llegada desde Sudamérica y se preparaba para su distribución. La sentencia confirma la existencia de dos laboratorios de extracción secundaria: uno en Esparraguera y otro en Corbera de Llobregat. En ellos se realizaban tareas de extracción, secado, prensado y preparación de la sustancia antes de entregarla a los transportistas.
Además de los laboratorios, en Catalunya se almacenaba la droga y se organizaban las entregas. Los transportistas acudían a puntos concretos para recoger los paquetes y trasladarlos hacia Mallorca. En este contexto, los domicilios y vehículos vinculados a Tarragona formaban parte del soporte logístico que facilitaba estas operaciones.
Los transportistas
La sentencia detalla que la red utilizaba camioneros profesionales que trabajaban para empresas legales. Estos transportistas realizaban viajes frecuentes entre la península y Mallorca, normalmente una o dos veces por semana. Aprovechaban desplazamientos reales con mercancía legal para ocultar paquetes de cocaína entre la carga. En cada trayecto podían transportar varios kilos, aunque en muchos casos no se pudo determinar la pureza ni el peso exacto porque la droga no fue intervenida.
A la vuelta, los mismos transportistas trasladaban el dinero obtenido por la venta en la isla. Este sistema permitía mantener un flujo constante de droga hacia Mallorca y de efectivo hacia Catalunya.
La rama mallorquina: recepción, almacenamiento y distribución
Una vez en Mallorca, la droga era recibida por miembros de la rama asentada en la isla. Allí se almacenaba temporalmente y se distribuía a traficantes locales. La distribución se realizaba a través de colaboradores que entregaban la cocaína a clientes que, a su vez, la vendían a menor escala. La sentencia describe que se utilizaban coches lanzadera para acceder a zonas donde existía presencia policial, como el poblado chabolista de Son Banya, donde se suministraba la droga a tres clanes.
Los agentes lograron identificar también venta de cocaína en la barriada de Virgen de Lluc en Palma y que recibía dos veces por semana varios kilos de estupefaciente por parte de camioneros de empresas legales procedentes de Barcelona.
El papel valenciano
La Comunitat Valenciana también formaba parte del recorrido de la droga. En Massamagrell se produjo una de las entregas más relevantes del caso, cuando una furgoneta recogió veinte kilos de cocaína de alta pureza. La intervención policial en Sagunto permitió interceptar esa partida y desencadenó el desmantelamiento de la red.
A partir de esa actuación, los investigadores reconstruyeron la estructura completa, identificaron los laboratorios, siguieron los movimientos de los transportistas y localizaron los puntos de apoyo en Catalunya, entre ellos los vinculados a Tarragona.
Entre 2 y 8 años de prisión
La resolución del Tribunal Superior rechaza todos los recursos presentados por los condenados y confirma íntegramente las penas impuestas por la Audiencia Provincial. Las condenas oscilan entre los 2 años de prisión para quienes tuvieron una participación menor y los 8 años para quienes desempeñaban funciones de dirección, coordinación o suministro. También se mantienen las multas asociadas al tráfico de cocaína, que alcanzan cifras elevadas en función del papel de cada condenado.
El tribunal concluye que la Audiencia Provincial valoró correctamente la prueba, que los hechos probados están acreditados y que la individualización de las penas se ajusta a la gravedad de la conducta de cada acusado. Aunque la resolución puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, el relato judicial queda fijado con claridad mientras no se dicte una resolución superior.
La sentencia del Tribunal Superior consolida el conjunto del caso. La estructura criminal queda descrita con claridad: laboratorios en Catalunya, puntos de apoyo en Tarragona, entregas en la Comunitat Valenciana, transportistas que cruzaban el Mediterráneo y una red mallorquina encargada de la distribución. El resultado es una fotografía completa de una organización que actuó con un sistema estable y coordinado, y que utilizó distintos territorios para sostener su actividad.