Tribunales
Condenado por timar a estudiantes de Tarragona con el viaje de fin de curso y quedarse con su dinero
El Tribunal Supremo confirma la sentencia al administrador de la agencia 'Todolisto.es', que estafó a más de 650 alumnos de toda España —entre ellos una veintena de tarraconenses—, desviando los fondos de las reservas para pagar deudas personales y empresariales.

El viaje iba a ser a la playa
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena contra el administrador de la agencia de viajes Todolisto.es, responsable de un fraude que afectó a más de 650 estudiantes de toda España en 2013, incluyendo a una veintena de la provincia de Tarragona. La sentencia, que desestima el último recurso del condenado, cierra un proceso judicial iniciado hace más de una década.
La Sala de lo Penal del alto tribunal ratifica así la resolución de la Audiencia Provincial de Murcia, que impuso al responsable dos años de prisión, inhabilitación especial y el pago de indemnizaciones que superan los 280.000 euros en total, cantidad que incluye los perjuicios económicos sufridos por las familias afectadas en Tarragona.
Los hechos: una cancelación masiva sin reembolso
En la primavera de 2013, la agencia Todolisto.es, que operaba a nivel nacional, ofreció a través de una red de colaboradores paquetes completos de viajes de fin de curso a Mallorca para estudiantes. Las familias de los afectados, entre las que se encontraban algunas de la provincia de Tarragona, abonaron íntegramente el importe de los viajes, que ascendía a una media de 400 euros por persona.
Sin embargo, en la noche del 20 de junio de 2013, horas antes de la primera salida programada, los clientes recibieron una notificación por correo electrónico y SMS anunciando la cancelación de ambos viajes. No se ofrecieron alternativas ni se procedió al reembolso de las cantidades abonadas. Posteriormente, el administrador de la empresa solicitó concurso voluntario de acreedores.
Desvío de fondos
Durante el proceso judicial se demostró que los fondos ingresados por las familias no se destinaron a la contratación de los servicios turísticos prometidos. Según consta en la sentencia, el dinero fue utilizado para cubrir deudas previas de la empresa y para atender gastos personales y de otras actividades empresariales del administrador.
Esta gestión financiera generó una situación de insolvencia que hizo imposible cumplir con las obligaciones contraídas con los clientes. Los magistrados determinaron que el responsable afrontó deudas anteriores con dinero procedente de los viajes de 2013, lo que supuso un desembolso superior a los 250.000 euros destinados a conceptos ajenos a los servicios contratados.
El alcance territorial y la afectación en Tarragona
El fraude afectó a estudiantes de once comunidades autónomas: Murcia, Alicante, Valencia, Castellón, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Tarragona, Barcelona, La Rioja y Sevilla. La sentencia incluye un listado detallado de las 650 víctimas, con sus datos personales y las cantidades defraudadas en cada caso. Entre ellas figuran más de una veintena de personas de la provincia de Tarragona, cuyas indemnizaciones individuales forman parte del total de 283.666,40 euros que deberá abonar el condenado.
El administrador de la agencia presentó varios recursos durante el proceso, incluyendo una alegación de cosa juzgada basada en una sentencia absolutoria previa por hechos similares en un juzgado de Reus. El Tribunal Supremo desestimó este argumento, señalando que los hechos ahora juzgados, por su magnitud y características diferenciales, constituyen un caso distinto.
Además de la responsabilidad penal y civil directa del condenado, la sentencia establece que la mercantil Grupo Dor Ocio S.L.U., matriz de la agencia, responderá como responsable civil subsidiaria. Asimismo, la aseguradora AXA Seguros Generales S.A. deberá hacer frente a las indemnizaciones en virtud de la póliza de fianza que cubría la actividad de la agencia de viajes, garantizando así el cumplimiento efectivo de las compensaciones económicas.
Un largo proceso judicial
La confirmación de la sentencia por parte del Tribunal Supremo pone fin a un procedimiento judicial que se ha extendido durante más de diez años.