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La URV se plantea el «cierre de clases» y el retraso del «encendido de la calefacción»

Son medidas para intentar hacer frente al sobrecoste económico que se intuye con los precios disparados de la energía eléctrica y gas

| Actualizado a 16 noviembre 2022 14:32
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Las universidades catalanas alertan que no podrán hacer frente al aumento de la tarifa de la energía puesto que hasta ahora están pagando un precio entre 3 y 5 veces inferior al del mercado al adquirirlo vía el Consorcio de Servicios Universitarios de Catalunya (CSUC), que ha abierto una nueva licitación porque el presente contrato finaliza el 2022.

Ante esta situación y temiendo que el precio de la energía se triplique o cuadruplique, las universidades catalanas han informado que han trasladado su «gran preocupación» a la conselleria de Recerca i Universitats, a la cual han pedido que apliquen un plan de choque con fondos adicionales en el marco de la negociación del presupuesto del 2023.

Para hacer frente al aumento del coste de la energía, el conseller Joaquim Nadal, pidió ayer en comisión parlamentaria «recursos extras y un plan específico del Govern», puesto que el aumento «también afectará el resto de consellerías».

Las universidades han dicho que es difícil estimar con precisión a cuánto ascenderá la factura energética el 2023 puesto que dependerá de las condiciones económicas que se acuerden con las empresas adjudicatarias del proceso de licitación que lo CSUC ha iniciado.

La Universitat de Barcelona, que con unos 62.000 estudiantes es la que tiene más alumnos de Catalunya, prevé un sobrecoste de 19 millones de euros a causa del aumento del precio de la energía, pero confía a poder reducir este impacto tanto en la licitación que está promoviendo lo CSUC como con la implantación de medidas de ahorro energético.

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), por su parte, ha calculado que el 2023 el precio de la electricidad, «en el peor de los casos», podría multiplicarse por 5,74 y el del gas por 7,45 respecto al precio del 2022.

Estos importes «son inasumibles para las universidades públicas» y en el caso de la UPC «obligan a preparar unos presupuestos poco realistas, puesto que no están asegurados los ingresos para poder cubrir el sobrecoste energético», han añadido desde la universidad.

A fin de reducir el consumo energético y poder hacer frente al incremento de precios, el Consejo de Gobierno de la UPC aprobó el 27 de octubre pasado un programa de ahorro energético con medidas como la sustitución progresiva de calderas de gas por sistemas más eficientes y mejoras en el aislamiento de cubiertas y ventanas.

Otros de las medidas son mantener temperatura máxima de los espacios calefaccionados a 19 °C y temperatura mínima de los espacios refrigerados a 27 °C, mientras que en los edificios sin sistemas de control térmico, la UPC activará la calefacción de 6 a 10 horas y de 16 a 18 horas en invierno.

La Universitat de Lleida (UdL), por su parte, ha calculado que pasará a pagar de la orden de 1,6 millones de euros (cifra mediana de los últimos ejercicios) a unos 6,6 millones, una cantidad que ha considerado «del todo inasumible si no se obtienen fondos adicionales». Esta universidad ha redactado un plan de ahorro energético que contempla instalar placas fotovoltaicas de autoconsumo en las cubiertas de los edificios, incrementando la potencia de autoconsumo ya existente de 300 kWp hasta los 550 kWp. También está sustituyendo las luces tradicionales por otros de más eficientes con tecnología LED y sensores de movimientos para apagar luces en espacios que no se utilicen.

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha estimado que cuadruplicará el gasto en energía y para reducir el consumo energético ha indicado que está mejorando los aislamientos exteriores, ajustando temperaturas de los espacios y activando y parando las instalaciones de climatización e iluminación en función de la ocupación de los espacios.

A nivel de energías renovables, la UAB ha señalado que está «desplegando con bastante» la energía solar fotovoltaica puesto que el 2022 ha licitado tres instalaciones por importe de 500.000 euros.

Para la Universitat Pompeu Fabra (UPF), el aumento del coste de la energía podría suponer destinar a este capítulo el 5% del presupuesto de la universidad, lo cual «es un coste muy elevado».

La UPF ha señalado que está trabajando en un plan de ahorro de energía que todavía no se ha aprobado formalmente y que incluye medidas como instalar placas fotovoltaicas, seguir instalando luces LED o reducir los horarios en algunos edificios, y ha asegurado que «en ningún caso cerraremos ninguna instalación».

La Universitat de Girona (UdG) prevé que el precio de la energía se multiplique por un coeficiente de entre 2,9 en un horizonte estable a cuatro años y de 5,8 en un horizonte de un año. Para disminuir el consumo de energía, esta universidad está desplegando el «Plan Estratégico de Ambientalización» aunque con un margen de actuación «limitado» dado que ha afirmado que es una de las más eficientes en ahorro energético de España.

Calculando un precio de la energía un 60% superior al actual, la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha afirmado que está tomando medidas en sus diferentes campus como el «cierre de clases y edificios, retraso en el encendido de la calefacción e instalación de sistemas energéticos más eficientes».

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), finalmente, ha explicado que el coste actual de la energía podría multiplicarse por 4, lo cual «tendría un impacto muy grande en la planificación y el presupuesto del 2023 e implicaría revisar actuaciones y proyectos previstos». Esta universidad ha dicho haber iniciado planes de mejora y eficiencia energética como adaptación de horarios, inversiones en renovación de equipaciones por otros de más eficientes o instalación de placas fotovoltaicas junto a otras medidas que están en fase inicial pero que «no podrán absorber todo el aumento del coste».

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