El Ayuntamiento de Tarragona tiene su principal contrato, el de la limpieza y la basura, en vilo desde hace hoy justo un mes. El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic estudia desde el pasado 30 de abril los recursos especiales presentados por las empresas FCC y GBI Paprec contra la adjudicación que, solo seis días antes, realizó el pleno municipal a la firma Urbaser, gracias a los 14 votos a favor que sumaron PSC, Junts y no adscritos, la abstención del PP y el ‘no’ de ERC, ECP y Vox.
Pese a que el 5 de mayo, en rueda de prensa, el secretario general de la corporación local –Joan Anton Font– puso en duda que el tribunal administrativo aceptara a trámite las alegaciones, lo cierto es que el organismo dependiente de la Generalitat avaló el registro de las quejas de las dos empresas desde días antes de la comparecencia pública del alto funcionario municipal.
Batalla judicial y administrativa
¿Qué supone que el tribunal analice con detenimiento los dos recursos? Lo primero, un nuevo obstáculo para poder renovar un servicio pensado en el siglo XX, después de que la actual concesión se firmara en el año 2002 y se renovara el 2010 contra la opinión de la Comissió Jurídica Assessora del Govern.
En marzo del 2024, el pleno realizó una primera adjudicación a GBI Paprec, pero el tribunal administrativo eliminó a esta firma por no cumplir las condiciones de la licitación. Aquí es cuando se abrió la caja de los truenos que dinamitó el proceso.
¿Por qué? A raíz de ese momento se inició la batalla administrativa y judicial, con dos peticiones de medidas cautelares por parte de Paprec para ser readmitida en el concurso. Tras ser rechazada esta posibilidad tanto por parte del juzgado Contencioso–Administrativo 2 de Tarragona como por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) –que esto sí, de momento no han entrado en el fondo de la cuestión: readmitir o no a la empresa francesa–, el consistorio avaló conceder el contrato de 227 millones a la segunda clasificada, Urbaser.
Ahora, 36 días después, el proceso sigue paralizado a la espera de que el Tribunal de Contractes resuelva sobre los dos recursos presentados por FCC y GBI Paprec. Por ello, todavía no se ha formalizado la concesión por diez años, a razón de más de 20 millones por ejercicio.
El nuevo convenio, en el aire
En sus recursos, FCC pide la anulación del acuerdo de adjudicación a Urbaser, al entender que esta firma también vulnera, como Paprec, el pliego de condiciones. En este sentido, enumera siete posibles vulneraciones y recuerda que, en la resolución del tribunal administrativo del 6 de junio del 2024, se detalla que «todas las ofertas incumplen» los requisitos.
GBI Paprec va un poco más allá y, en base al posicionamiento del tribunal de hace casi un año, pide al organismo que excluya del proceso a Urbaser y FCC porque «no cumplen con el pliego de condiciones». FCC ha contestado que el recurso «no sea admitido», al entender que Paprec ya está excluida del proceso, por lo que «no tiene legitimidad». Asimismo, indica que el acto administrativo recurrido –la adjudicación a Urbaser– no afecta a FCC, ya que el acuerdo era en base a la nueva concesionaria, por lo que el recurso no tendría cabida.
Por si todo ello no fuera poco, los 330 trabajadores también deberán esperar al Tribunal de Contractes para poder firmar el nuevo convenio laboral, que prevé un aumento salarial del 3,5%. La situación legal genera dudas en FCC para asumir el gasto de 380.000 euros, por lo que servicio y nóminas no se desbloquearán hasta que el tribunal administrativo decida si avala la actuación municipal o si, por el contrario, obliga al Ayuntamiento a volver a la temida casilla de salida.
