Una nueva ordenanza en TGN regula la cesión de locales municipales a las entidades

La normativa promueve el régimen de uso compartido y establece un sistema similar a un concurso público para la adjudicación. El periodo máximo de la cesión es de cuatro años

| Actualizado a 17 abril 2022 17:10
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Dentro de escasas dos semanas entrará en vigor la nueva Ordenança de cessió temporal d’ús de béns immobles a entitats sense ànim de lucre, un documento que por primera vez establece unas reglas del juego en la asignación y utilización de estos espacios, y que quiere acabar con algunas prácticas «poco claras». Así lo considera el concejal de Béns Patrimonials del Ayuntamiento de Tarragona, Hermán Pinedo, quien explica que «las adjudicaciones se hacían a dedo, lo que no es democrático ni abierto, ya que entendemos que no podía depender de la decisión de un político en concreto».

Ha habido casos de malas praxis. Entidades que realquilaban algunas de las dependencias, fiestas particulares, cesiones para 35 ó 40 años y casos en los que la sede tan solo abre unos pocos días al año. Son algunas de las situaciones que ha detectado la administración local, durante estos meses de conversaciones. En paralelo, la demanda de estos espacios es muy superior a la oferta.

Según datos de la administración local, a día de hoy el Ayuntamiento tiene cedidos unos 48 locales. En cambio, el registro de entidades tiene un total de 942 entradas. Una situación sobre la que el mismo Síndic de Greuges recomendó que debía actuarse.

La nueva ordenanza se aprobó en el pleno del 18 de marzo e introduce importantes cambios, tanto para los acuerdos vigentes como para los que puedan venir en un futuro. Afecta a todas las entidades sin ánimo de lucro, como pueden ser las asociaciones de vecinos, además de las asociaciones deportivas, juveniles, culturales, sociales y de ocio. El texto tiene en cuenta aspectos como la «optimización», de forma que cuantas más entidades puedan tener una sede, mejor. Por este motivo, el sistema de puntuación beneficia a las organizaciones que puedan compartir el uso del local, que deberán redactar unas normas de uso interno. Asimismo, se establecen unos criterios objetivos de valoración claros, como es el caso del año de implantación en la ciudad o su nivel de implicación.

Otro elemento que aborda es el de la duración de las cesiones, que quedan limitadas a un periodo de cuatro años, con la posibilidad de otros cuatro de prórroga. También se especifican de forma clara los derechos y obligaciones en cuanto al mantenimiento, limpieza, reformas y conservación de las instalaciones. «Es como cualquier contrato de alquiler, de forma que otorga derechos a las entidades para que puedan reclamar al Ayuntamiento si tiene que hacerse cargo de algo que le corresponde», argumenta Pinedo

Uno de los artículos más extensos es el que regula los usos de estos locales, en las que se especifica que estos podrá destinarse «exclusivamente» a las finalidades propias de la entidad; que no podrán dejarse sin uso; y que no podrán cederse a terceros, ni total ni parcialmente, sean o no miembros de la entidad.

Hasta 3.000 euros de multa

Finalmente, se dedica un apartado a la revocación de estos acuerdos y se establece un régimen sancionador con faltas leves, graves y muy graves, que pueden comportar multas desde cien a 3.000 euros, en función del tipo de infracción.

Pinedo explica que la aprobación de este nuevo régimen regulador «pone los contadores a cero» y tienen que reiniciarse todas las cesiones. A partir de su entrada en vigor, a inicios del mes de mayo todas las entidades dispondrán de un periodo máximo de tres años para iniciar la tramitación. En los casos en los que se ocupe un local sin un título, tendrán un plazo de dos años para desalojar el espacio.

Quedan excluidas las colles castelleres ya que las características de los locales que necesitan para los ensayos, son específicas y porque se ha considerado que «tienen un arraigo y una representatividad de la cultura de la ciudad muy importante». En este caso, las cesiones serán a largo plazo, entre 50 y 75 años.

Pinedo apunta que es una ordenanza «viva», que se ha hecho con la participación de los grupos municipales y federaciones vecinales, y se muestra convencido de que «seguramente todas las entidades podrán permanecer en su local». Pese a ello, defiende que es importante que lo hagan «de forma regulada». Por este motivo, está previsto que se harán sesiones informativas dirigidas a las entidades vecinales, para conocer los pasos a seguir y «hacer pedagogía sobre el uso compartido».

La necesidad de regular estas cesiones surgió en diciembre de 2018 cuando se conoció que la Associació Lúdica i Cultural Club Diògenes Tarragona había estado pagando un alquiler para hacer uso de una sala del local de la Associació de Veïns de la Part Alta, una práctica ilegal. Las alarmas saltaron cuando se propuso elevar la cantidad del alquiler. Ahora la entidad tiene un nuevo espacio cedido por el Ayuntamiento en la calle de Santes Creus. «Cada tarde hay alguien y esporádicamente las mañanas y fines de semana también», apunta Andratx Bellmunt, secretario de la organización. Allí tienen la biblioteca, ludoteca y guardan el material. «Tenemos que ver el redactado, pero teniendo en cuenta nuestra experiencia es necesario y que puede servir para aclarar dudas», añade.

El Agrupament Escolta Fent Camí protagonizó varias acciones de protesta durante los catorce años en los que estuvo sin un local. Finalmente, el Ayuntamiento les cedió una parte del Centre Cívic de la Part Alta. «Había un problema de ventilación y humedades en las salas, que con la pandemia tuvimos que dejar de utilizar», explica una representante de la entidad. Asimismo, para hacer reformas hay que solicitar permiso al juzgado, ya que el espacio forma parte de la causa abierta por el Jaume I, así es que de forma provisional, el colectivo se instaló en la Escola Saavedra. El problema: tan solo pueden utilizar las instalaciones los sábados de 9.45 a 13 horas y tiene que ir un conserje a abrir. En un momento se valoró la opción de un local municipal en la calle Civaderia, pero está en muy mal estado y la inversión necesaria se valoró en 100.000 euros. En esta misma calle, el colectivo tiene un almacén, que «no podemos utilizar porque está declarado en ruinas» y por el que pagan 14 euros por el alquiler. «Seguimos buscando un espacio definitivo y ahora ni siquiera nos responden», argumenta el Agrupament.

Dispuestos a compartir

La Agrupació Fent Camí argumenta que la entidad moviliza 80 participantes y veinte y pico responsables, por lo que «necesitamos un local a nivel logístico y para hacer las actividades, además de las reuniones». Quieren quedarse en la Part Alta y aseguran que «no pedimos un espacio exclusivo, sino que estamos dispuestos a compartir».

Las asociaciones vecinales representan una parte muy importante de las entidades beneficiadas. «Algunas hacen más actividades y otras menos, pero en el caso de algunas asociaciones, la función de estos locales va más allá porque son auténticos puntos de encuentro», defiende el presidente de la Federació de Veïns de Tarragona (FAVT), Alfonso López. No obstante, se conoce de locales que están cedidos y cerrados y en algunos casos han habido dirigentes que los han utilizado «por uso propio». «Será un sistema similar al de las subvenciones», dice Alonso, quien asegura mantenerse a «la expectativa» del redactado. «La pregunta es en qué condiciones están, porque hay algunos muy degradados», concluye.

Mantener las costumbres

Los centros regionales tienen algunos de estos locales, que se cedieron a largo plazo. El Centro Social Extremeño cuenta con unas dependencias de más de 300 metros cuadrados en Icomar. Allí celebra actividades típicas extremeñas y antes de la pandemia incluso tenía un bar. Una parte de las dependencias es de los socios, que lo compraron mediante una hipoteca, la otra del Ayuntamiento que la cedió al centro hace casi veinte años, en tiempos de Joan Miquel Nadal como alcalde. «Si el Ayuntamiento dijera que quiere recuperar su parte con la nuestra ya hacemos» manifiesta Ángel Marín González, presidente del Centro Social Extremeño. Hace unos años la cifra de socios alcanzaba las 400 personas, ahora hay unos cien. «Hemos estado dos años cerrados sin cobrar a los socios, nos salvó que ya teníamos el local pagado», añade este representante de la comunidad extremeña, quien destaca la importancia de un local «como punto de encuentro». «No queremos olvidar nuestra tierras y las costumbres, también las de aquí», concluye.

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