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La fase 2 del plan económico del Ayuntamiento de Tarragona para 2024 ya está en marcha. Después de sellar este pasado jueves el acuerdo con Junts y ECP para aprobar la reforma impositiva y generar para el próximo año más de 6,4 millones de euros en ingresos con las subidas del 7,4% del IBI, el 12% de la basura, el 20% de las terrazas y el 33% del ICIO, ahora al gobierno del PSC le toca afrontar la segunda parte: apretarse el cinturón y buscar vías de ahorro para sumar otros siete millones que le permitan llegar a un global de 14 y poder cuadrar, de esta manera, unas cuentas «de mínimos», según indicó esta semana la concejal de Hisenda, Isabel Mascaró (PSC), en una entrevista con este periódico en la que también apostaba por un «pacto de ciudad» para avalar las cuentas de 2024.
A la espera de saber la aportación del Estado, a día de hoy los primeros números que el gobierno local tiene sobre la mesa señalan que la puesta en marcha del plan de ahorro supondría en estos momentos una reducción mínima del gasto de 3,3 millones de euros, la mitad del objetivo previsto. Fuentes municipales confirman al Diari que el alcalde Rubén Viñuales (PSC) ya ha ordenado una primera acción a sus ocho concejales: diseñar un primer esbozo de «contención» para iniciar la tramitación del presupuesto del próximo año. Al igual que hiciera hace semanas con las empresas, organismos y patronatos dependientes del consistorio, el líder socialista ha pedido a sus ediles del gobierno local que perfilen unos números conservadores, con un recorte del 5% para 2024, lo que se traduciría, aproximadamente, en un ahorro de unos dos millones.
La idea de esta orden, según expuso Mascaró al Diari, es «suprimir todo lo superfluo y priorizar los servicios esenciales como la atención social, las escuelas, la policía o la limpieza», de forma que se «racionalice el gasto». Un ejemplo de ello se ha dado con la estructura paralela al Ayuntamiento, que de solicitar inicialmente un incremento del 7% de la aportación municipal (2,5 millones de euros), finalmente la previsión para 2024 es la de perder un 5%, de forma que la ayuda del consistorio se reducirá en un millón de euros, pasando de los 35,2 millones de este 2023 a los poco más de 34.
Sueldos políticos: un 7,4% menos
Paralelamente a la reducción del gasto por áreas, el ejecutivo de la Plaça de la Font ya ultima otras medidas. Según detalló esta semana el portavoz de Junts, Jordi Sendra, una de las cuestiones que ya se ha negociado es la reducción de la partida de sueldos políticos y de asesores «en el mismo porcentaje que sube el IBI», lo que se traduce en un 7,4%. Esta cantidad significaría un recorte de 114.000 euros (70.000 de los 27 ediles y 45.000 en el personal eventual), pasando de un gasto global de 1.543.593 euros a 1.429.326.
Otra de las ideas que está sobre la mesa es la supresión de la Fundació Cultura i Coneixement, que supone un gasto de 100.000 euros al año pese a que el interventor municipal insta a su liquidación. Asimismo, como ya se hizo público hace semanas, también se contempla la amortización de las plazas de gerente del Patronat de Turisme y de Tarragona Ràdio, lo que supondría generar otros 140.000 euros adicionales.
Pendientes del Estado
Sin lugar a dudas, la clave para saber hasta dónde llegarán los recortes está en la aportación del Estado, que durante los últimos años ha fluctuado desde los cinco millones de más del año 2022 a los 1,6 adicionales que se han cobrado este año. Se trata de una cantidad, pues, que puede afectar en varios millones de euros a las cuentas municipales.
A día de hoy, sin embargo, los técnicos de la Plaça de la Font siguen sin saber cuál será la implicación del Estado. Se trata de una cifra troncal, ya que según pone de relieve el interventor en un reciente informe, esta partida significa «el 26% de los ingresos corrientes». «A fecha de este informe (26 de septiembre) no se dispone de esta información. Con la situación política actual, no existe proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2024, donde se realizan las estimaciones sobre los importes globales a repartir. Parece poco probable que tengamos esta información y se tengan que consignar las mismas cantidades que en el ejercicio 2023, teniendo en cuenta que el Ministerio recomienda presupuestarlo con el mismo importe que el ejercicio anterior», afirma el interventor.
Esto se traduce en el hecho de que, si durante la tramitación de las cuentas de 2024 no hay ninguna orden oficial del Gobierno Central, los técnicos municipales solo aceptarán una previsión que sea la misma que la de este año: 46.346.440 euros. De ahí que el alcalde haya ordenado contención.
ERC y ECP, seguros del Estado
Pese a las dudas sobre la aportación del Estado, tanto ERC como ECP están convencidos de que esta se incrementará. «El gobierno recibirá unos 7 millones de euros adicionales a través de la participación en los ingresos del Estado, una cantidad muy importante de la que no se habla y que facilitará la gestión, junto con los impuestos recaudados a costillas de la ciudadanía», afirma Maria Roig (ERC), quien exige que pese a los posibles recortes «no se pueden dejar de ofrecer los servicios básicos, como los que están destinados a colectivos como la gente mayor y la infancia». Esquerra votó el jueves prácticamente ‘no’ a todas las subidas tributarias.
Por su parte, Jordi Collado, de En Comú Podem, se muestra contundente. «No contemplamos que el dinero que falte por cuadrar del presupuesto salga de recortar ningún servicio o prestación. Estamos seguros de que saldrán, en gran parte, de la aportación del Estado», indica, a la vez que asegura «no tener claro» que en 2024 no se pueda usar el superávit. ECP ha avalado esta semana la subida de tributos
En el PP, por su parte, tienen clara la receta para salvar las cuentas. «Optimizar el presupuesto para evitar generar remanentes con una contabilidad analítica; amortizar plazas que no se cubren; eliminar gerencias superfluas; y, a medio plazo, vender patrimonio para cubrir partidas de inversiones», indica la portavoz de la formación conservadora, Maria Mercè Martorell, quien el jueves votó a todo que ‘no’.
Finalmente, Jordi Sendra (Junts) –que finalmente ha avalado los incrementos impositivos»– apuesta por «rehabilitar un edificio municipal para trasladar allí las dependencias de la Rambla Nova y ahorrarnos el elevado alquiler que se paga». Medidas, pues, para todos los gustos de cara a evitar la «situación de quiebra» denunciada por el alcalde Viñuales el pasado 2 de octubre.
