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Pena mínima para los cuatro responsables de una asociación cannábica que tenía su domicilio social en Valls y una finca en Vallmoll. Antes de la celebración ayer del juicio –que debía durar tres días más la próxima semana– en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Tarragona, los cuatro se conformaron con las penas que proponía el fiscal al apreciarse el atenuante de dilaciones indebidas calificadas –el caso ha tardado once años en llegar a juicio–.
Ayer, se fijó para los cuatro acusados tres meses de cárcel y multa de 5.700 euros por un delito contra la salud pública y para tres de ellos –cuarto era un trabajador que lo habían contratado por tres meses– seis meses de cárcel y multa de 270 euros por un delito de asociación ilícita.
Inicialmente, los cuatro se enfrentaban a dos años y medio de prisión y multa de 100.000 euros por el primer delito y tres años de prisión y multa de 5.400 euros por el segundo. Por su parte, a la Asociación para el Consumo Responsable de Usuarios de Cannabis el Buen Rollito –que ya no tiene actividad– se le prohíbe que continúe con cualquier tipo de actividad relacionada con sustancias estupefacientes.
Los procesados son cuatro ciudadanos españoles que decidieron dedicarse a la venta de sustancias estupefacientes, concretamente marihuana, a terceras personas con el objetivo de obtener beneficios económicos. Con el fin de intentar dar cobertura a esta actividad ilícita, decidieron crear una asociación para poder inscribirse en el Registre d’Associacions y poder actuar bajo el amparo de dicha denominación.
Los acusados redactaron los estatutos de constitución de la asociación El Buen Rollito (Asociación para el Consumo Responsable de Usuarios de Cannabis), confeccionados con fecha 23 de mayo de 2012. El 12 de septiembre del mismo año fueron presentados para su inscripción en el Negociat d’Entitats Jurídiques, en los servicios territoriales del departamento de Justícia de la Generalitat en Tarragona.
Los estatutos
En los estatutos presentados se incluían como fines de la asociación el estudio sobre el cáñamo y sus posibles aplicaciones culturales, científicas y terapéuticas; evitar el peligro para la salud de sus usuarios inherente al mercado ilegal de cannabis mediante actividades encaminadas a la prevención de riesgos asociados a su consumo; y también promover el debate social sobre la situación legal y las de sus consumidores así como hacer valer los derechos constitucionales de los que estos son titulares, a la vez que denunciar las arbitrariedades que en su observación puedan cometer las diferentes administraciones, poderes públicos o cualquiera persona.
La asociación, para el cumplimiento de aquellos fines, podía desarrollar actividades económicas de todo tipo, encaminadas a la realización de sus fines o buscar recursos a tal fin. También adquirir y tener bienes de todas las clases, así como celebrar actos y contratos de todo género.
Y se estableció como domicilio de la asociación una nave del Passatge Licoristes de Valls. El 5 de julio de 2012, la asociación formalizó el contrato de alquiler de una finca situada en Vallmoll.
Los Mossos tuvieron conocimiento de la venta de drogas por parte de los acusados utilizando a la asociación. Por eso, el 6 de junio de 2013 se presentaron en las dependencias de la asociación, donde se les permitió la entrada. Observaron la existencia de una plantación con 150 plantas de marihuana.
El registro
El 13 de septiembre del mismo año, el Juzgado de Instrucción 1 de Valls autorizó la entrada y registro de las instalaciones de Vallmoll, que se efectuó el día 18. En una de las habitaciones de la zona de cultivo había dos medidores de temperatura, en otra 89 plantas, en una tercera había 11 y en el baño una seca.
También se localizaron extractores de aire, foco y medidores de temperatura.
En una habitación de la zona donde desarrollaban las labores de procesamiento de las plantas había aproximadamente un kilo y medio de marihuana; en otro habitáculo 30. En la oficina se localizaron más de tres kilos de marihuana y unos 700 gramos en la caja fuerte.
Y en la sala que se utilizaba como bar casi cuatro kilos. El total de droga intervenida fue de once kilos, valorada en 45.641 euros. La entidad contaba con 2.560 socios.
