El veto de los 750.000 M€

La cumbre europea de diciembre celebrada a finales de esta semana se anunciaba complicada y así fue. Fueron necesarias 22 horas de negociaciones ininterrumpidas para que los líderes europeos, encabezados por la canciller alemana Angela Merkel, lograran levantar el veto de Polonia y Hungría al fondo de recuperación postpandemia (750.000 millones de euros) y el marco presupuestario de la Unión Europea (UE) para los próximos siete años (1,07 billones de euros). El acuerdo inicia la recta final hacia unas ayudas que podrían empezar a materializarse en junio de 2021 y que esperan con impaciencia la mayoría de países golpeados por la pandemia y, en especial, España e Italia. Pero la Unión Europea afronta ahora otro grave problema: la posibilidad de un Brexit duro.

La única concesión significativa que ha dado la Comisión Europea es la promesa de que si algún país impugna el reglamento nada más aprobarse, la Comisión no aplicará la suspensión de fondos hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia Europeo.

Tal y como explica al ‘Diari’ Ernesto Pascual, profesor de la UIC y experto en Relaciones Internacionales, estos fondos forman parte del "cambio de enfoque por parte de la Unión Europea" respecto a la crisis de 2007. Pascual remarca que la anterior crisis "afectó a la credibilidad de la UE" ya que "implementó una disciplina económica que arrastró a todo un sector de la sociedad a una pobreza evidente. Ahora con la situación de la pandemia la UE cambia totalmente su enfoque y aprovecha los presupuestos para los próximos siete años para hacer una inversión similar al ‘Plan Marshall’ como nunca antes se había hecho en Europa, que favorece a los países más débiles".

Nuevos populismos

Hungría inició el veto a estos fondos, al que posteriormente se unió Polonia, en noviembre. Ambos gobiernos no aceptaban que el acceso a los fondos se vieran condicionados al respeto estricto del Estado de Derecho en los países miembros. Pascual explica cómo "la pérdida de credibilidad de la UE facilita que surjan nuevos populismos" como es el caso de los gobiernos húngaro y polaco y que "se instalen atentando contra el Estado de Derecho y contra la misma definición de ‘democracia liberal’ que tiene Europa". 

Ambos países tienen un largo recorrido de vulneraciones a dicho Estado de Derecho, por las que han recibido llamadas de atención tanto por parte de ONG  como por la UE. "Hoy en día no suceden golpes de estado como los del siglo 20", dice Pascual. "Ahora las democracias se modifican cambiando las reglas del juego. Esto es lo que preocupa a la UE, porque la separación de poderes dentro de esos dos países está desapareciendo" añade.

En Hungría el colectivo LGTBI se ha convertido en el principal enemigo del gobierno de Viktor Orban. La doble vara de medir del Gobierno está siendo muy criticada por parte de la sociedad húngara tras el escándalo desatado unas semanas atrás cuando József Szájer, eurodiputado desde 2004 por el partido cristiano y ultraconservador ‘Fidesz’, fue detenido por la Policía mientras intentaba escapar de una orgía gay. Szájer fue uno de los ideólogos de la Constitución aprobada en 2011 considerada por el Ejecutivo como "defensora de la familia tradicional y los valores cristianos" que, entre otras, hace imposible el matrimonio homosexual.

Ataques a las minorías

Luca Dudits, portavoz de ‘Hátter’- la organización LGTBI más importante del país- explica al ‘Diari’ que las "actitudes de los húngaros hacia las personas LGBTI se han deteriorado desde 2015" pero asegura que "actualmente el matrimonio entre personas del mismo sexo cuenta con el apoyo mayoritario de la población". Dudits lamenta que "los delitos de odio contra personas del colectivo siguen siendo poco denunciados" aunque estos actos violentos han aumentado en el último periodo.

El colectivo LGTBI no es el único que está en el punto de mira del gobierno ultraconservador. Dudits explica que "‘Fidesz’ tiene un largo historial de maltrato y ataques a grupos minoritarios" entre los que se encuentran los migrantes, las personas sin hogar, los romaníes y las mujeres. 
Parte de las políticas contra las personas migrantes y solicitantes de asilo fue la construcción del muro en 2015 a lo largo de la frontera con Serbia: una alambrada de 175 km. de largo y 4 metros de alto en el centro de Europa.

Orban lleva en el poder desde 2010, momento en que empezó la era conservadora del país. Pascual nos da la ‘clave’ para entender tantos años de gobierno: "Orban, como populista que es, recurre a crear enemigos externos como la UE y los migrantes". Respecto a las próximas elecciones húngaras en la primavera de 2022, el profesor de la UIC considera que "mantendrá su poder mientras su discurso llegue a la población". 

En el momento que su discurso no conecte, Pascual prevé tres escenarios: que pierda las elecciones y admita o no la derrota, y el más probable y el que preocupa a la UE que es que "antes de perder las elecciones, haga cambios en la legislación que impidan el pluralismo político e impida la capacidad de derrotar al gobierno". Dudits considera que "la celebración de las elecciones en la fecha prevista es una gran incógnita" pero celebra que "los partidos de la oposición anunciaron que se postularían juntos, con la esperanza de derrotar a ‘Fidesz’".

En Polonia han sido las mujeres las que se han convertido en el enemigo del gobierno. Han sido estas las que han protagonizado grandes movilizaciones en los últimos meses a raíz de las reformas del gobierno prácticamente prohibiendo el derecho al aborto. 

El Gobierno tiene en el punto de mira la libertad de expresión sobre todo en el ámbito académico. Líderes del partido ‘Ley y Justicia’ (PiS) y representantes de grupos apoyados por la Iglesia han atacado públicamente a activistas y organizaciones de derechos de las mujeres, calificándolas de "peligrosas para las familias y los valores tradicionales". 

Control a los maestros

El Ministro de Educación y Ciencia polaco, Przemyslaw Czarnek,  instruyó a los inspectores escolares para verificar qué maestros alentaron a sus estudiantes a participar en las protestas y amenazó a las universidades con sanciones si permitían que sus empleados o estudiantes participaran. También son frecuentes las declaraciones discriminatorias por parte de destacadas figuras públicas contra minorías, como las personas LGBTI y judías. 

La iniciativa de la carta firmada por 249 ayuntamientos húngaros y polacos para pedir a la UE caso omiso al veto, así como las protestas en los últimos meses en ambos países reflejan el descontento de gran parte de la población con las acciones de sus respectivos gobiernos.

Ambos gobiernos coinciden en la mayoría de políticas restrictivas en cuanto a minorías. De hecho, no es la primera vez que muestran su disposición a ayudarse mutuamente para esquivar investigaciones de la UE sobre el deterioro de sus sistemas democráticos. Según el profesor de la UIC, lo que teme la Unión Europea respecto a estas autocracias es "que deje de haber elecciones libres y la acumulación poder tan grande que el pueblo no se pueda expresar libremente".